El origen de este castigo económico radica en la falta de remisión de información financiera al Estado. El artículo 36 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, obliga a las entidades locales a entregar a Hacienda la liquidación y las líneas fundamentales de sus presupuestos para el ejercicio en curso. Ante la inacción del gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome para tramitar los presupuestos de 2026, el Estado ha vuelto a activar el mecanismo de retención automática de la Participación en los Tributos del Estado (PIE).
La resolución de Hacienda correspondiente al mes de febrero agrava notablemente el agujero en las arcas municipales. Los documentos de entregas a cuenta certifican que este último mes se ha aplicado la mayor retención hasta la fecha, ascendiendo a 3.466.972,36 euros. Esta cuantía se suma a las penalizaciones de los dos meses anteriores, arrojando un balance trimestral que roza los ocho millones de euros inmovilizados. En concreto, a la sanción de febrero hay que sumarle los 2.377.877,33 euros retenidos en diciembre de 2025 y los 1.809.845,26 euros bloqueados el pasado mes de enero, lo que eleva el total de la penalización estatal a 7.654.694,95 euros.
Aislamiento administrativo
Más allá de la cuantía económica, los registros de Hacienda evidencian el aislamiento administrativo de la tercera ciudad de Galicia. El análisis del listado oficial del Ministerio en la modalidad de cesión, el grupo en el que se integran las capitales de provincia y todos los municipios españoles de más de 75.000 habitantes, constata que Ourense es el único ayuntamiento de toda España al que se le han retenido los fondos en febrero. Mientras el resto de grandes urbes, incluidas todas las ciudades gallegas, reciben sus ingresos con normalidad, el casillero ourensano figura en blanco por este incumplimiento legal.
Este escenario de parálisis no es inédito bajo el mandato de Pérez Jácome. Entre finales de 2022 y principios de 2023, el actual gobierno local ya incurrió exactamente en el mismo incumplimiento de plazos con el Ministerio de Hacienda, lo que derivó entonces en la retención de más de 8,4 millones de euros durante un trimestre completo. La historia se repite ahora, confirmando la opacidad y la incapacidad de la administración local para superar el filtro básico de solvencia y transparencia que exige el Estado.
Consecuencias de la inacción
En cuanto el Concello cumpla con los requerimientos, el dinero bloqueado quedará inmediatamente desbloqueado. Mientras tanto, la inacción del gobierno de Jácome seguirá pasando factura a las arcas municipales. Ourense se convierte así en el único ayuntamiento de una ciudad española que tiene los fondos retenidos y uno de los únicos ocho ayuntamientos de los 8.132 de toda España que enfrenta esta situación por ocultar información presupuestaria.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una gestión más eficiente y transparente por parte de la administración local. La falta de cumplimiento con las normativas establecidas no solo afecta a la economía municipal, sino que también repercute en la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes. La resolución de este conflicto es imperativa para restablecer la normalidad en la gestión pública de Ourense.