«`html
La imputación del alcalde de Ourense
La imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación debido a la falta de solicitud de compatibilidad entre su sueldo público y sus actividades privadas, ha generado reacciones entre quienes compartieron sus primeros pasos en el cargo. María Dibuja, exconcejala de Democracia Ourensana que se separó del partido en 2020, expuso en el programa En Portada de Telemiño la historia detrás de las irregularidades que ahora son objeto de investigación judicial. El juez instructor, Leonardo Álvarez, estima que el regidor percibió indebidamente 432.878 euros de las arcas públicas durante seis años (entre 2020 y 2025), lo que Dibuja califica como un “grave daño” al erario municipal, afirmando sin rodeos: “Este señor está en un fraude absoluto de ley”.
El origen de esta situación se remonta a agosto de 2019. Según la exedil, el personal del Concello advirtió a Jácome, recién llegado a la alcaldía, que debía solicitar la compatibilidad para poder compaginar su cargo de dedicación exclusiva con la gestión de su negocio, Auria TV: “Tanto la gente de su gabinete como los funcionarios le dijeron que tenía que presentarla”. Aunque el regidor presentó la solicitud, la retiró antes del pleno al darse cuenta de que perdería la votación por la ausencia de un edil. “Él sabe perfectamente que eso no lo puede hacer, lo sabe perfectísimamente”, enfatizó Dibuja. Esta versión coincide con el auto del juez, quien califica este movimiento como un “extraño comportamiento” que demuestra que el alcalde “tenía plena conciencia” de su situación irregular.
Un circuito opaco para mantener ingresos
Para sortear este obstáculo legal, el líder de DO ideó un circuito opaco destinado a mantener sus ingresos privados. Dibuja explica que la asignación municipal correspondiente a su grupo se transfiere al partido para evitar el control del interventor. “Una vez en el partido político ya no se fiscaliza y de ahí Auria Televisión le factura”, relata la exedil. Además, desmantela la imagen de gestor exitoso que proyecta el regidor: “No es un gran empresario con empresas fantásticas. No, no. Es un fracasado empresario”. La clave de su viabilidad económica, según añadió, radica en el “filón de oro” de las subvenciones públicas que pasan a su partido. Los propios ediles disidentes ya llevaron este asunto al pleno en 2021, logrando aprobar una moción que denunciaba el fraude, aunque sin consecuencias prácticas.
Dibuja expresa su indignación ante la reacción actual de la clase política ourensana, a la que acusa de fingir un asombro irreal. “Que a mí ahora me digan: ‘Madre mía, qué problema hay aquí…’. No, no, no. Esto lo sabe todo el mundo y no se resolvió en su día”, denuncia. La exconcejala critica los “golpes de pecho” de la oposición: “El PP decía ayer (por este miércoles) que tiene que dar explicaciones. Perdón, si las explicaciones las sabemos todos. ¡Actúa! ¿De qué me vale que diga el BNG que ya lo veníais advirtiendo? ¡Actúa!”. Para la portavoz, el resumen de estos años es claro: “El pleno pasó absolutamente de todo”.
Un historial judicial complicado
La exconcejala también critica a la Fiscalía, recordando que durante años se presentaron “muchísimos escritos por muchísimas irregularidades y fueron todos archivados”. Los datos que maneja el juzgado respaldan la magnitud de la actividad extraoficial del alcalde. El auto revela que los ingresos privados de Jácome no son residuales, sino de “cierta entidad”. Las declaraciones presentadas ante la Diputación muestran que en 2020 su base imponible del IRPF ascendió a 212.848 euros, mientras que su salario como alcalde era de 69.925 euros. Esto implica una diferencia de más de 140.000 euros en un solo ejercicio, cobrando sin la autorización plenaria. Además, el auto del juez indica que la Policía Nacional cifra en más de 197.000 euros el dinero facturado en actividades privadas por Jácome entre 2019 y 2022.
Dibuja subraya la hipocresía del sistema al comparar la impunidad del alcalde con la estricta vigilancia sobre los trabajadores municipales. La edil recordó el caso reciente de una funcionaria que solicitó dar unas pocas horas de clase en la Universidad de Vigo. “Por ganar 200 euros al mes a mayores, lo tuvimos que llevar a pleno y aprobarle la compatibilidad. Y el señor alcalde,