Recurso de inconstitucionalidad al Plan de choque de dependencia y discapacidad
El pasado mes de octubre, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Plan de choque de dependencia y discapacidad de la Xunta de Galicia. Este plan había sido impulsado por el gobierno gallego con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera para que las ayudas llegaran a los beneficiarios. Desde la Consellería de Política Social argumentan que la medida se justificaba por la relación directa entre el grado de dependencia y la porcentualidad de discapacidad. Sin embargo, el recurso se centra en el artículo 45, que establecía la homologación automática de la discapacidad para aquellas personas que ya tuvieran reconocida la dependencia.
La oposición del Gobierno central a este mecanismo ha llevado a la paralización del plan de la Xunta, bloqueando la aprobación de nuevas homologaciones. Según la Xunta, esto significa que «no podrá homologar la discapacidad a ninguna persona que ya tenga la dependencia» y tampoco podrá tramitar de manera conjunta ambos procedimientos, lo que anteriormente se hacía con una única valoración y resolución.
Impacto en la gestión de ayudas
Fabiola García, conselleira de Política Social, ha expresado su descontento con la interposición de este recurso, calificándolo como un intento de «boicotear una vez más el plan de choque de la Xunta», que ha estado en funcionamiento durante un año. Durante este tiempo, la Administración autonómica ha logrado resolver más de 86.300 expedientes relacionados con la dependencia y la discapacidad en Galicia. García ha lamentado que el Gobierno de España esté dificultando el proceso, ya que su objetivo es reducir los tiempos de espera para que los ciudadanos reciban las valoraciones y prestaciones necesarias.
Desde la Xunta se ha destacado que, desde la implementación del plan, los tiempos de espera se han mejorado en casi dos meses, mientras que en el resto de España han aumentado. Además, se ha facilitado la resolución favorable de un total de 86.319 expedientes de dependencia y discapacidad, lo que demuestra la eficacia del sistema en Galicia.
Repercusiones legales y administrativas
El recurso presentado por el Gobierno se basa en la supuesta invasión de competencias estatales en la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. La interpretación jurídica del Ejecutivo central sostiene que la Xunta intentaba regular la discapacidad y la dependencia de manera simplificada, lo que corresponde al Estado. Esta discrepancia legal podría tener efectos en la recaudación fiscal estatal, debido a las deducciones fiscales que se aplicarían a quienes obtengan el reconocimiento de discapacidad.
La conselleira ha advertido que este recurso obligará a los gallegos a pasar por «dos procedimientos diferenciados», uno para la dependencia y otro para la discapacidad, cada uno con su propia tramitación administrativa. Esto, según García, solo contribuirá a aumentar los tiempos de espera para recibir las ayudas. La Xunta había logrado reducir el papeleo necesario, pasando de 12 documentos a solo la solicitud para iniciar el proceso, pero el Gobierno central ahora exige que se realicen dos trámites separados.