El mapa judicial de Ourense cierra el año con una profunda cicatriz territorial. En menos de 24 horas, se implementará la controvertida reforma que despoja a la mayoría de los juzgados de las villas de la capacidad para instruir casos de violencia de género y delitos sexuales. Amparada por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, esta medida del Gobierno central culmina un proceso de centralización que ha suscitado la oposición de abogados, procuradores, partidos políticos y colectivos sociales que trabajan con las víctimas.
Incluso los jueces han expresado su desacuerdo con esta decisión. “La comarcalización de los juzgados de violencia implica la pérdida de servicios en las villas y afecta negativamente a las víctimas, algunas de las cuales residen a hora y media en coche de la ciudad”, afirma el juez decano del Partido Judicial de Ourense, Leonardo Álvarez.
Impacto en las víctimas
Seis de los ocho partidos judiciales de la provincia perderán sus competencias en VioGén. Solo O Barco y Trives se salvan de una centralización que obligará a las víctimas a desplazarse a la ciudad, donde una jueza se encargará exclusivamente de estos casos. Aunque la Xunta cubrirá los gastos de desplazamiento, las víctimas tendrán la opción de declarar por videoconferencia, aunque el magistrado advierte que los medios actuales no garantizan que esta sea una solución efectiva. “Esto requiere que los juzgados de las villas dispongan de una sala específica y un funcionario para asegurar una conexión adecuada y brindar una asistencia correcta, lo que no siempre será factible”, explica el decano.
Los medios telemáticos también jugarán un papel más importante en el tratamiento de los detenidos. La Comisión de Violencia de Ourense ha decidido que todos los detenidos de la Guardia Civil (excepto los de la Policía Nacional en la ciudad) comparecerán ante la jueza por videoconferencia desde los cuarteles. Algunos, como el de Verín, están en obras, lo que obligará a su traslado a la Comandancia de Santa Mariña en la ciudad. “La Guardia Civil carece de recursos humanos suficientes para llevar a cabo todos los traslados al juzgado de violencia de la ciudad, por lo que comparecerán desde el cuartel”, añade.
Reacciones de la abogacía
A partir de este miércoles, el Tribunal de Instancia de Ourense asumirá de manera exclusiva todos los casos de violencia machista y agresiones sexuales provenientes de Bande, Celanova, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. Una jueza especializada (se ha creado una nueva plaza) se dedicará a esta materia. A la espera de que el nombramiento sea oficial en el BOE, la magistrada de violencia de género en Ourense será Isabel Yebra Pimentel, procedente de Instrucción 3 de Lugo. Mientras tanto, habrá una jueza sustituta.
La unificación de esta materia en la ciudad, según el magistrado Álvarez, plantea un riesgo considerable: “Medidas como esta vacían de contenido a los juzgados de las villas, que podrían desaparecer”. Destaca que el 80% de los casos que reciben en una guardia “están relacionados con la violencia de género”.
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Tanto los abogados como los procuradores consideran que esta reforma trae más desventajas que beneficios. Ambas instituciones sostienen que esta modificación desmantela la “justicia de proximidad”, un pilar esencial para proteger a las víctimas en situaciones de ext