La profesión médica ha convocado cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, a las que se sumarán paros indefinidos cada martes a partir del 27 de enero. Esta decisión es una respuesta a la insatisfacción con el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. La movilización cuenta con el respaldo de varios sindicatos en todo el país, incluido O’Mega en Galicia.
El colectivo médico ha expresado su descontento tras casi tres años de negociaciones, argumentando que la propuesta del Ministerio no aborda sus principales demandas. Entre estas se encuentran la necesidad de una normativa específica para la profesión, mejoras en la clasificación profesional y modificaciones en la regulación de las guardias médicas.
Reivindicaciones del colectivo médico
Los sindicatos han exigido un Estatuto Marco propio, argumentando que la naturaleza de su actividad requiere un ámbito de negociación diferenciado y representantes específicos ante la Administración. Critican la clasificación profesional propuesta, que equipara titulaciones MECES II y MECES III, y demandan la creación de un grupo A1+ que reconozca el nivel de responsabilidad del personal médico y sus efectos retributivos.
Además, los representantes del colectivo han denunciado que el borrador no reconoce las guardias como actividad extraordinaria ni garantiza su adecuada retribución. También se mantiene la movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidades que consideran discriminatorio, lo que ha generado un clima de tensión y descontento entre los profesionales de la salud.
Posición del Ministerio y servicios mínimos en Galicia
Desde el Ministerio de Sanidad se defiende que el borrador incorpora todas las medidas que están dentro de su competencia. Se recuerda que, al ser una ley básica, no puede invadir competencias autonómicas ni establecer retribuciones concretas. Esta postura ha generado un profundo desacuerdo entre los profesionales, quienes consideran que sus necesidades no están siendo atendidas adecuadamente.
En Galicia, los servicios mínimos establecidos en el DOG garantizan el 100% de la actividad urgente en hospitales y centros de salud. Sin embargo, los sindicatos han calificado estos mínimos de “abusivos”, argumentando que igualan o incluso superan la actividad de un día ordinario y limitan el derecho a la huelga, lo que podría tener repercusiones significativas en la atención a los pacientes.