El Ministerio del Interior ha manifestado su disposición a negociar con la Xunta de Galicia para que esta asuma el 50% de la financiación de la Unidad Adscrita de Policía. Esta declaración se produce después de que el Ejecutivo autonómico sugiriera la necesidad de encontrar una solución intermedia, advirtiendo que, en caso de no llegar a un acuerdo, se plantearía retirar a estos agentes de las funciones de protección a víctimas de violencia machista.
Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han indicado a Europa Press que «la disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas».
Acuerdos Previos y Expectativas
Desde el Ministerio del Interior se considera que la mejor evidencia de su voluntad de llegar a un acuerdo es la firma del convenio de Policía Adscrita con la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero, un acuerdo que también fue alcanzado con un gobierno del PP.
El Ministerio ha subrayado que «los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas». Además, se espera que se firme un acuerdo similar con el Gobierno de Aragón.
La Situación en Galicia
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha argumentado que Galicia «está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas», ya que «presta servicios que en otras no se están prestando». Por lo tanto, la financiación de la Unidad de Policía Adscrita «podría ser de otra manera».
La Xunta sostiene que la protección en situaciones de violencia machista es competencia exclusivamente estatal, aunque desde 2016 se firmó un acuerdo para que Galicia cooperase en estas labores. Calvo defendió que «la postura de la Xunta vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos», en respuesta a las críticas de partidos de la oposición y del Gobierno central, incluyendo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien cuestionó la posibilidad de dejar de atender a las mujeres víctimas de violencia machista.
El conselleiro reiteró que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a alcanzar un acuerdo que contemple un «punto intermedio» entre la posición de Galicia y la del Ministerio.
Financiación y Estructura de la Unidad de Policía Adscrita
La Unidad de Policía Adscrita de Galicia cuenta actualmente con 338 agentes, con el objetivo de alcanzar una plantilla de 500 agentes. En la actualidad, el Estado se encarga de pagar los salarios, mientras que la Comunidad gallega asume la productividad de los policías y otros costes de funcionamiento de la unidad.
El Gobierno exige ahora que se asuman las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento continúen siendo responsabilidad de la Xunta. Por su parte, el Gobierno gallego propone que las condiciones actuales se mantengan para los efectivos existentes, mientras que las nóminas de las nuevas plazas se asuman conforme a las condiciones del Ministerio.
Las Policías Adscritas dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía, aunque funcionalmente están bajo las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, según los convenios establecidos para garantizar la seguridad de autoridades, la vigilancia de menores y la protección del medio ambiente y el patrimonio.