La crisis de la Plaza de Abastos número 1 ha dado un nuevo giro este jueves, dejando al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sin justificación económica. Apenas unas horas después de que el regidor anunciara un ultimátum activando el expediente de desahucio de los comerciantes de la Alameda por “no presentar el proyecto”, las otras tres partes involucradas en el conflicto -Xunta, Diputación y los propios placeros- se reunieron de urgencia para mostrar un frente común, desmantelar el relato municipal y formalizar su propuesta al Concello para financiar completamente la finalización del edificio histórico.
En un comunicado matinal, Jácome había informado que los servicios jurídicos municipales estaban tramitando la resolución de la concesión por incumplimiento de plazos, estimando que el desalojo de la ubicación provisional de la Alameda se ejecutará en un rango de “30 a 60 días”. Su intención es volver a licitar la gestión de la Plaza para que una empresa externa asuma el edificio.
Un frente común ante la crisis
Sin embargo, por la tarde, la imagen de unidad entre el conselleiro de Emprego, José González; el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; y el presidente de los placeros, Emilio González “Milucho”, neutralizó la ofensiva del regidor. Las tres partes revelaron un plan de financiación que cubre los dos millones necesarios para dotar al edificio de lo que el Concello dejó sin hacer: puestos, saneamiento y electricidad, dejando a cargo del municipio solo la mejora de la accesibilidad.
Las cuentas presentadas dejan al gobierno local sin excusa presupuestaria: la Xunta garantiza 1,4 millones (el 70% del coste, con 1,2 millones ya consignados para 2026 y el resto reservado para 2027), la Diputación sumará 200.000 euros y los placeros realizarán un esfuerzo extraordinario poniendo 400.000 euros de su propio bolsillo. “O inquilino quere pagarlle a reforma ao propietario, e o propietario di que non. É o límite do surrealismo”, resumió el presidente de los comerciantes, quien confesó que el colectivo siente haber “perdido o relato social” pareciendo que no quieren irse, cuando la realidad es que “todos os praceiros preguntan cando marchamos”.
La negativa del alcalde y sus implicaciones
Los placeros revelaron que ya han contratado el proyecto técnico de las obras, pero se niegan a entregarlo sin garantías. Al restarles solo seis años de contrato, exigen una ampliación de la concesión -avalada por el pliego actual hasta los 50 años, recordó la Xunta- para poder amortizar su inversión de 400.000 euros. Una petición que Jácome rechaza de plano, tildándola de “dudosa legalidad” y “por la cara”, insistiendo en su hoja de ruta de desahucio y nueva licitación. Ante esto, la advertencia del conselleiro José González fue tajante: el edificio sigue “inacabado” y la pretensión municipal es una “sinrazón”.
Y se preguntó: “Que alcalde, de calquera cidade, cun edificio de titularidade municipal, ofrecénlle os concesionarios asumir eles xunto a outras administracións o cofinanciamento das obras necesarias para recuperalo e, no lugar de asinar, prefire rexeitar o acordo e xudicializar a cuestión?”. Los placeros advierten que si hay desahucio “haberá xulgado”, pese a que mantienen la “man tendida” para firmar un acuerdo.