La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha dirigido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando el retorno a lo que la Xunta denomina “la propuesta inicial” de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia.
Aprobación en el Parlamento de Galicia
En la misiva, la conselleira destaca que el Parlamento de Galicia aprobó hace menos de una semana una proposición que reafirma la postura de Galicia respecto a la transferencia de la AP-9. Esta aprobación se logró con el respaldo exclusivo del partido popular, mientras que PSOE y BNG votaron en contra, evidenciando la ruptura de la unanimidad sobre la AP-9 también en Galicia.
Los populares y la Xunta expresan su deseo de regresar al “acuerdo unánime” que facilitó la proposición de ley orgánica que se debatirá en el pleno del Congreso. La carta, enviada este martes, incluye los 12 apartados de la iniciativa aprobada hace seis días, donde se reclama “respetar” el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega, “preservando la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma”.
Demandas del Gobierno Gallego
En un segundo apartado, se exige que la transferencia “no implique para Galicia la asunción de cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades” que provengan de decisiones adoptadas anteriormente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9. Además, se solicita al Gobierno central que garantice que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado y no recaigan sobre los recursos propios de la comunidad.
La carta también incluye una petición para que el Ejecutivo financie, a través de los Presupuestos Generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras necesarias para asegurar una explotación adecuada de la autopista. Asimismo, se demanda que el Estado asuma cualquier consecuencia económica derivada de decisiones ajenas a la responsabilidad de la Xunta que afecten al contrato concesional de la AP-9.
Compromisos y Transparencia
Entre las reclamaciones también se encuentra la eliminación de la subida anual acumulativa del 1% de los peajes estipulada en el Real Decreto 1733/2011, así como las posibles obligaciones económicas que puedan surgir de la nulidad de las prórrogas de la concesión. Otro de los puntos importantes es que, en el momento de la transferencia, se realice también el traspaso de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios.
La Xunta también exige que el Gobierno no condicione el alcance de la transferencia a futuras negociaciones bilaterales que puedan “desvirtuar o limitar” el mandato aprobado por el Parlamento gallego. Además, se solicita el reconocimiento de la plena capacidad de la Xunta para gestionar la infraestructura, incluyendo la planificación, explotación, conservación y política tarifaria de la autopista. Finalmente, se requiere al Ejecutivo estatal toda la información económica, jurídica y concesional vinculada a la AP-9, garantizando la máxima transparencia sobre las obligaciones derivadas de la concesión.
“Cualquier modificación sustancial del texto aprobado por unanimidad en esta Cámara supondría una ruptura del consenso político gallego conseguido alrededor de una infraestructura estratégica para Galicia”, concluye la iniciativa. La conselleira enfatiza que el cumplimiento de este acuerdo es especialmente relevante para la Xunta, dado que se trata de una infraestructura clave para la comunidad.
Allegue subraya que la transferencia debe llevarse a cabo con garantías jurídicas, económicas y financieras, evitando que Galicia asuma cargas u obligaciones derivadas de decisiones previas del Estado. La conselleira reafirma que la Xunta considera “irrenunciable” el respeto íntegro al alcance y contenido de la proposición de ley orgánica, evitando cualquier reinterpretación o limitación que pueda alterar el mandato aprobado por la Cámara gallega.