¿Ignorar la normativa y actuar de acuerdo a lo que se considera éticamente correcto o seguir las pautas establecidas por la ley, a pesar de los riesgos que conlleva? Esta cuestión ha generado un intenso debate entre los veterinarios de España desde principios de año, a raíz de la nueva legislación que restringe el uso de antibióticos en animales de compañía y regula la dispensación de medicamentos veterinarios.
Restricciones en la prescripción de antibióticos
De acuerdo con este Real Decreto, que ha sido elaborado sin la participación de los propios profesionales, como han denunciado en numerosas ocasiones los veterinarios, la prescripción de antibióticos debe estar respaldada por pruebas de laboratorio que justifiquen su uso. “Estamos completamente atados”, enfatizan desde el Colegio de Veterinarios de Ourense, quienes observan cómo se les está “limitando el acceso y la libertad de prescripción”. “Podemos perder hasta diez días valiosos en los que la mascota no recibe el tratamiento adecuado, y cuando finalmente llegan los resultados que respaldarían la decisión clínica, la mascota ya puede haber fallecido”, señala Juan José Gómez, presidente del colegio.
La resistencia a los antibióticos en los animales es uno de los principales argumentos que justifican la implementación de este Real Decreto, aunque muchos veterinarios consideran que carece de fundamento científico. “En la última década hemos reducido el uso de antibióticos en un 70% sin necesidad de esta ley”, subraya Juan José, quien critica la irracionalidad de “esperar diez días en una incertidumbre clínica, por miedo a que mañana venga una inspección y me imponga una multa de 60.000 euros”. Esta cifra representa una amenaza constante para los profesionales en consulta, obligándolos a tomar decisiones que van en contra de su conocimiento científico.
Implicaciones de la nueva legislación
En este contexto, los centros veterinarios están obligados a registrar y comunicar todos los medicamentos que recetan a través de una plataforma informática llamada Presvet, que exige conocer ciertos datos sobre la mascota y su propietario. Esto excluye a los animales que forman parte de colonias o que han sido abandonados: “¿Dejamos de tratar a un animal que está sufriendo porque no tenemos toda esa información? ¿No curamos al pobre animal por un protocolo burocrático?”.
El descontento de los profesionales se ve agravado por el hecho de que, de los 27 países comunitarios, solo España e Italia enfrentan medidas tan restrictivas en este ámbito. Además, los impuestos aplicados a los medicamentos veterinarios hacen que se consideren casi un lujo. “Es inaceptable que en el tratamiento de una mascota, que hoy en día puede ser terapéutico, se aplique un IVA del 21%, mientras que el IVA sanitario es del 10%”, explica el presidente del Colegio Veterinario de Ourense, subrayando que “si queremos que los animales estén en todos los hogares y no solo en los de quienes pueden permitírselo, esto es un ataque frontal a la clínica veterinaria”.
Perspectivas desde el ámbito farmacéutico
Vicente Jairo Álvarez, presidente de la Asociación de farmacéuticos para el buen uso del medicamento animal (Asfarvet), ha expresado su desacuerdo con las recientes declaraciones de asociaciones y patronales veterinarias. Según su perspectiva, las medidas adoptadas en la aplicación de la legislación vigente surgen de un problema de salud pública que afecta a todos: “El descontrol en la administración de fármacos, especialmente de antibióticos para animales, no beneficia a nadie: no solo morirán mascotas, también morirán personas”. Desde el colectivo farmacéutico, considera “absolutamente normal” llevar un seguimiento sobre los medicamentos destinados a animales, ya que, si “cada envase de antibióticos de uso humano está controlado por las autoridades sanitarias”, en el ámbito veterinario “debería ser igual”.