España ha dejado de conceder y renovar residencias humanitarias asociadas a solicitudes de protección internacional desde el pasado viernes, 12 de junio. Esta decisión impacta principalmente a los emigrantes venezolanos, quienes históricamente han sido el grupo migrante que más ha utilizado estos permisos. Aunque se acepta la necesidad de modificar las autorizaciones, se solicita “celeridad” en los trámites.
Impacto en la comunidad venezolana
En Galicia, la población venezolana se estima en alrededor de 22.000 personas. Muchos de estos emigrantes contaban con un permiso que les permitía residir y trabajar legalmente en España durante un año, el cual podía renovarse automáticamente si el Ministerio del Interior consideraba que las condiciones de peligro humanitario en su país de origen persistían. Este permiso excepcional se otorgaba cuando la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) denegaba la solicitud de asilo y protección subsidiaria, pero determinaba que existía un riesgo grave para la persona si regresaba a su país.
A pesar de que los beneficiarios tenían la opción de transformar este permiso excepcional en una autorización de residencia y trabajo ordinaria, siempre que contaran con un contrato laboral o demostraran medios económicos suficientes, muchos optaban por mantener las prórrogas de las razones humanitarias para evitar la complejidad burocrática.
Reacciones ante la nueva normativa
Desde la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) se considera que esta modificación es parte de la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa impulsada por la Unión Europea para unificar los criterios de migración y asilo entre los Estados miembros. Este nuevo reglamento europeo exige una clara distinción entre la protección internacional y los permisos humanitarios nacionales. A pesar de respaldar la medida, los representantes de Fevega expresan su preocupación por el retraso en las resoluciones, advirtiendo que este cambio, junto con la regularización extraordinaria, podría causar aún más demoras en los trámites.
La asesoría técnica de la asociación ha señalado que actualmente tienen alrededor de 20 personas que han solicitado la regularización, a quienes recientemente se les ha aprobado las razones humanitarias, solicitudes que fueron presentadas hace dos o tres meses. Estos retrasos “alteran” a los solicitantes, quienes se ven afectados por la desinformación que circula en redes sociales, donde se prometen permisos de trabajo “prácticamente al instante”. Fevega hace un llamado a la comunidad para que siempre recurran a los canales oficiales y eviten confiar en rumores y anuncios engañosos que proliferan en Internet.