Inspección en el Hospital Universitario Lucus Augusti
Durante una inspección rutinaria en las plazas reservadas frente a urgencias del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), los agentes de la autoridad detectaron un vehículo que presentaba una tarjeta de estacionamiento que despertó sospechas. La tarjeta estaba mal impresa, recortada a mano y colocada en el salpicadero con la intención de simular su validez.
Al consultar con el organismo emisor, se confirmó que la tarjeta era auténtica, aunque pertenecía a la madre de la conductora, quien ni siquiera se encontraba en el hospital. La familia de la implicada corroboró que la madre estaba en su domicilio en ese momento.
Reconocimiento y justificación de la conductora
Minutos después, los agentes lograron localizar a la conductora, quien admitió haber realizado la copia de la tarjeta para facilitar su aparcamiento. A pesar de su reconocimiento, presentó documentación médica con el fin de justificar su versión de los hechos. Sin embargo, los certificados aportados carecían de firma, número de colegiado y presentaban inconsistencias, lo que intensificó las sospechas de los agentes.
La situación generó una serie de interrogantes sobre la veracidad de la documentación presentada, lo que llevó a los agentes a investigar más a fondo el caso. La falta de elementos que respaldaran la autenticidad de los documentos contribuyó a que la situación se tornara más compleja.
Consecuencias legales y derechos de las personas con discapacidad
Ante la posibilidad de que los hechos constituyan un delito de falsedad documental, la Policía ha decidido trasladar el caso a la autoridad judicial correspondiente. Desde el cuerpo local de seguridad se recuerda que estas plazas reservadas son un derecho fundamental para las personas con necesidades reales, y su uso indebido puede acarrear consecuencias legales graves.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que se respete el uso de estas plazas, subrayando la importancia de garantizar el acceso a espacios de estacionamiento para quienes realmente los necesitan. La integridad de los derechos de las personas con discapacidad debe ser una prioridad en la comunidad.