Galicia ha experimentado el cierre de cinco centros de mayores en los últimos cinco años, de un total de 429 que operan en la región, según datos proporcionados por la Consellería de Política Social. La Sociedad de Gerontología apoya el control existente en estos centros, pero enfatiza la necesidad de actualizar la labor inspectora. Por su parte, la CIG, que ha convocado protestas en el sector recientemente, exige un incremento en el personal y sanciones efectivas.
En Galicia, la distribución de los centros es la siguiente: A Coruña cuenta con 113; Lugo, 83; Ourense, 146; y Pontevedra, 87. En total, hay 24.661 plazas autorizadas, distribuidas por provincias: A Coruña: 7.900; Lugo: 4.532; Ourense: 6.184; Pontevedra: 6.045.
Control y Calidad en los Centros
José Manuel Pazos, vicepresidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría y presidente de la Asociación Gallega Residencias Privadas de la Tercera Edad (Agarte), asegura que “la sociedad debe estar tranquila”. A pesar del cierre de dos centros en Ourense por problemas de higiene y alimentación, Pazos sostiene que esto no debe empañar el buen hacer de muchos centros. Destaca que estos centros están controlados e inspeccionados por diversos organismos, incluyendo servicios sociales y sanidad.
Sin embargo, enfatiza que todos los procedimientos deben estar en constante actualización, dado que la ley que regula la inspección es demasiado general y su interpretación puede ser ambigua. La necesidad de adaptar los cuidados a los diferentes tipos de usuarios, como neurológicos, psiquiátricos o paliativos, subraya la importancia de una mayor participación de Salud Pública, algo que se complica por la falta de personal.
Desafíos en la Inspección
Mar Peteira, del comité de Política Social de la CIG, critica que “es evidente que no están funcionando las inspecciones”. Atribuye esta situación al reducido número de inspectores que deben atender a residencias, centros de dependientes, menores, escuelas infantiles y casas nido. Además, señala que la programación de visitas se realiza con mucha antelación, lo que permite filtraciones a los centros y denuncia la inexistencia de sanciones efectivas tanto en residencias públicas como privadas.
La Consellería de Política Social ha respondido a estas críticas, afirmando que la función inspectora es llevada a cabo por personal funcionario y que las visitas se realizan de acuerdo con el Plan de Inspección de Servicios Sociales aprobado anualmente. Aseguran que las inspecciones se realizan sin preaviso, salvo en los casos de visitas previas a la autorización de nuevos centros, lo que garantiza un control más efectivo sobre el funcionamiento de estas instalaciones.