La cita previa en la administración pública de Ourense
La cita previa, consecuencia del covid, se ha convertido en una constante en la administración pública de Ourense. Un simple recorrido por los principales edificios administrativos de la ciudad revela una realidad burocrática innegable: “No se atiende sin cita previa”. Esta frase se repite con frecuencia, ya sea a través de un cartel en la entrada de los edificios o en las respuestas de funcionarios y personal de seguridad en relación con el pago de tasas de tráfico.
A pesar de que estamos en mayo de 2025, la anormalidad provocada por la pandemia persiste, afianzándose en las diversas administraciones. Ya sea a nivel estatal, autonómico o local, la renovación del DNI, la obtención de certificados digitales, la gestión de prestaciones por jubilación o incapacidad, así como el pago de tasas de tráfico o la obtención de certificados tributarios, todo requiere un paso previo: pedir cita, ya sea de forma telemática o telefónica. Aunque muchas administraciones justifican esta práctica “por razones de eficiencia en la gestión”, lo cierto es que detrás de esta medida se oculta una grave falta de personal que pone en riesgo la operatividad de estos servicios.
Promesas incumplidas y la realidad actual
En el trasfondo de cada problema social, siempre hay un político prometiendo soluciones, y la cita previa no es la excepción. A principios del año pasado, el Gobierno de España anunció su intención de eliminar la cita previa obligatoria durante esta legislatura. “Debemos poner fin a la cita previa obligatoria y permitir que el acceso a los servicios públicos sea a través del canal que cada persona elija. Esto requiere un cambio normativo que esperamos llevar al Parlamento lo antes posible”, declaró el entonces ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, sin especificar una fecha concreta para la implementación de esta medida. Sin embargo, dieciséis meses después, sus palabras parecen estar condenadas a convertirse en promesas vacías.
Actualmente, la cartera de Transformación Digital y de la Función Pública está bajo la responsabilidad de Óscar López, quien parece haber olvidado las promesas de su predecesor. El Defensor del Pueblo ha advertido en sus informes anuales que las administraciones no deben erigir un muro frente al contribuyente y que deben coexistir tanto la atención presencial como la telemática, pero las barreras continúan siendo insalvables.
La situación en Galicia y la necesidad de cambios
En Galicia, la Xunta eliminó esta medida en febrero del año pasado, aunque todavía se mantiene la opción de solicitar cita previa para quienes lo deseen, con el fin de facilitar la atención al ciudadano y la organización del trabajo en las diferentes oficinas autonómicas. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo necesaria para muchas gestiones.
En definitiva, un lustro después de la pandemia, las administraciones de la ciudad continúan con la misma dinámica, recordando a los ciudadanos que deben “volver mañana y serán atendidos con gusto”, pero siempre con cita previa.