En un contexto donde la tecnología se ha convertido en parte integral de la vida cotidiana de niños y adolescentes, un grupo de padres y madres ha decidido establecer un límite. Esta iniciativa se originó en el Colegio La Salle de Santiago de Compostela, donde la Asociación de Madres y Padres impulsó un acuerdo colectivo: ningún alumno de 1º de ESO tendrá móvil con acceso a internet. Esta medida no se presenta como una imposición, sino como un pacto voluntario que busca fomentar un compromiso compartido entre las familias.
El objetivo es claro: reducir la presión social que muchos menores sienten al tener un smartphone, simplemente porque “todos los demás lo tienen”. Con este acuerdo, si nadie tiene un dispositivo, nadie se queda fuera. De esta manera, se protege a los alumnos de doce y trece años —la edad habitual en 1º de ESO— de una entrada prematura en el mundo digital, aún sin la madurez necesaria para gestionarlo adecuadamente.
Un modelo que se extiende
La propuesta no tardó en captar la atención de otros centros educativos. Instituciones como el Colegio La Inmaculada ya han replicado esta iniciativa con éxito, y ocho nuevas ANPAs de colegios públicos, privados y concertados están considerando unirse a este movimiento. Lo que comenzó como una iniciativa local podría estar evolucionando hacia un movimiento educativo pionero a nivel nacional.
Este interés creciente refleja una preocupación compartida por las familias sobre el uso de dispositivos móviles entre los jóvenes. La idea de establecer límites se ha convertido en un tema de conversación en diversas comunidades educativas, generando un debate sobre la mejor manera de abordar el uso de la tecnología en la infancia y adolescencia.
Riesgos del uso precoz de móviles
Detrás de esta iniciativa se encuentra una creciente inquietud por las consecuencias del uso prematuro de los móviles en la salud mental y emocional de los adolescentes. Varios estudios han señalado una relación directa entre el abuso del smartphone y problemas como la ansiedad, la baja autoestima, la adicción a redes sociales y el aislamiento social. Además, se suman riesgos como el ciberacoso y el acceso a contenidos inapropiados a edades tempranas.
Sin embargo, los promotores del pacto subrayan que esta medida no se limita a prohibiciones. Se trata de crear conciencia colectiva y de establecer acuerdos que faciliten una educación más humana, más reflexiva y menos dependiente de lo digital durante los primeros años de adolescencia.
¿Es suficiente con limitar?
Expertos en educación, como la investigadora británica Victoria Goodyear, advierten que limitar el acceso no es suficiente si no se complementa con una educación digital sólida. Es fundamental enseñar a los jóvenes a convivir con la tecnología, a utilizarla de manera crítica y responsable, en lugar de simplemente restringir su uso.
En este sentido, el Pacto de Familias puede ser visto no como una solución definitiva, sino como el primer paso hacia una alfabetización digital responsable que permita a los jóvenes desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.
Un nuevo modelo de corresponsabilidad
Esta iniciativa surge desde las bases, no desde despachos institucionales, sino de las familias organizadas que buscan proteger el desarrollo emocional y social de sus hijos. Santiago de Compostela, sin pretenderlo, se está convirtiendo en un referente que podría inspirar a otras ciudades de Galicia y del país.
En un entorno saturado de estímulos, notificaciones y pantallas, este pacto ofrece una pausa. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo queremos que crezcan nuestros hijos y qué papel debe desempeñar la tecnología en sus vidas.