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El Ayuntamiento de Santiago se encuentra en la fase final de la solicitud para la declaración de mercado residencial tensionado, que será presentada a la Xunta junto con un Plan de medidas correctoras elaborado en función de las competencias municipales pertinentes. Este plan se centra en dos áreas clave: optimizar el uso del parque residencial y ampliar la oferta de vivienda protegida.
Durante una rueda de prensa celebrada ayer, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, expuso las medidas que se presentarán en la segunda reunión de la mesa sectorial programada para el 22 de mayo. Después de esta reunión, se realizarán los ajustes finales antes de que la solicitud sea sometida a la aprobación de la junta de gobierno local. Una vez que se envíe oficialmente a la Xunta, la administración autonómica contará con un plazo de seis meses para emitir una resolución.
Estrategias para la optimización del parque residencial
En lo que respecta a la optimización del parque residencial actual, el Ayuntamiento tiene previsto implementar un gravamen fiscal sobre las viviendas vacías, que podría oscilar entre un 50% y un 150%. Además, se prevé continuar con las acciones sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), entre otras iniciativas.
En relación con el aumento de la vivienda protegida, el plan incluye la creación de una sociedad urbanística pública y la construcción y rehabilitación de pisos municipales. La declaración de zona tensionada también permitirá a la ciudad acceder a fondos estatales, tal como establece la legislación vigente.
Objetivo de limitación de alquileres
El principal objetivo de obtener esta declaración es la limitación del alquiler. Una vez que se declare la zona de mercado residencial tensionado, se establecerán medidas de contención de precios, según explicó el edil. Esta declaración se considera un instrumento temporal y provisional, con una duración de tres años, y no es un fin en sí mismo, sino un medio para controlar el aumento de los precios de la vivienda mientras se implementan soluciones estructurales.
Según lo indicado por el concejal, la Ley de la vivienda establece que la declaración de zona tensionada conllevará la elaboración de un plan específico por parte de la administración competente, que propondrá las medidas necesarias para corregir los desequilibrios existentes en el mercado de la vivienda.
Responsabilidades de la Xunta
Sin embargo, el edil criticó que la Xunta ha decidido, a través de la Ley de medidas fiscales administrativas de 2023, que los ayuntamientos deben asumir la totalidad del trabajo de diagnóstico y justificación, así como elaborar y remitir un proyecto de plan de medidas correctoras. “Estamos haciendo el trabajo a la Xunta de Galicia”, afirmó, subrayando que, al ser la administración competente para emitir la declaración, también debería ser la responsable de justificar el cumplimiento de los requisitos.
Lestegás enfatizó que las medidas incluidas en el plan presentado son parte del ejercicio de las competencias municipales y no excluyen otras acciones que puedan llevar a cabo diferentes administraciones en el ejercicio de sus propias competencias. En cuanto a la optimización del parque residencial, el Ayuntamiento está considerando la implementación de un gravamen fiscal sobre las viviendas vacías de manera permanente.
La Ley reguladora de las Haciendas locales permite a los Ayuntamientos exigir un recargo de entre el 50% y el 150% sobre la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios desocupados, dependiendo de diversas variables. Por este motivo, el consistorio está trabajando en la modificación de la orden