El Gobierno de México ha logrado un acuerdo significativo con las principales plataformas digitales en relación con un nuevo decreto que obligará a las empresas tecnológicas a asumir su responsabilidad en la difusión de contenidos que fomenten el odio, la violencia, el abuso y el acoso. Este consenso fue anunciado por Claudia Sheinbaum, presidenta del país, quien indicó que la normativa será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los próximos días.
Sheinbaum destacó que las empresas tecnológicas han mostrado una disposición notable al aceptar los términos propuestos. “Increíblemente, [las empresas tecnológicas] estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo”, afirmó la mandataria.
Un contexto de preocupación social
La propuesta regulatoria se planteó a principios de este mes en respuesta a un ataque en la Escuela Secundaria Número 13 “Justo Sierra Méndez”, en Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos, supuestamente influenciados por una cuenta de redes sociales que glorifica a autores de masacres escolares, llevaron a cabo un acto violento. Ante esta situación, Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para diseñar programas y mecanismos que obliguen a las plataformas digitales a retirar de inmediato los contenidos que inciten a la violencia.
La intención es que las empresas tecnológicas “asuman una parte de la responsabilidad, y no difundan, promuevan o propaguen la comunicación relacionada con estos actos delictivos o conductas”, explicó la presidenta. Recientemente, además, se ha indicado que se mantendrán conversaciones con jóvenes usuarios de internet y representantes de las plataformas operativas en el país, con el fin de asegurar que la normativa implemente mecanismos preventivos sin caer en la censura.
Responsabilidades compartidas
Sheinbaum ha enfatizado que, aunque los padres de los menores tienen una responsabilidad en el uso adecuado de los medios digitales, esta no se puede comparar con las obligaciones que deben asumir las grandes empresas tecnológicas para garantizar un entorno seguro. “No es lo mismo la responsabilidad de una empresa monopólica, mundial, que está promoviendo sin ningún filtro que los jóvenes tengan acceso a la violencia en las redes, al abuso sexual, a una cantidad de información que no debería generarse en las redes o en las plataformas”, subrayó la presidenta, resaltando la necesidad de que las plataformas garanticen espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.
Detalles del acuerdo inminente
Aún se desconocen los mecanismos y obligaciones específicas que incluirá el acuerdo. No obstante, se anticipa que Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, proporcionará los detalles de la normativa esta semana. Anteriormente, Sheinbaum y su equipo señalaron que en la iniciativa participarían diversas entidades, como la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se contempla la colaboración de instituciones académicas y expertos en la materia.
Mecanismos de protección y cumplimiento
De acuerdo con la información oficial, las plataformas deberán implementar programas informáticos que restrinjan el acceso de los menores a contenidos perjudiciales, tales como discursos de odio, extremismo violento, acoso digital, violencia escolar, explotación sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios, entre otros. Asimismo, se espera que refuercen sus mecanismos de moderación, eviten la recomendación automática de materiales nocivos y faciliten herramientas para denunciar estos contenidos.
Sheinbaum aseguró que “las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos”. Además, se les exigirá incorporar configuraciones de control parental más estrictas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con la difusión o uso de material dañino, lo que incluye la designación de enlaces disponibles las 24 horas, la preservación de evidencia digital y la notificación inmediata de amenazas contra la vida o integridad de las personas. La supervisión del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la ATDT y el CNI.
Iniciativas complementarias para el bienestar juvenil
Finalmente, se prevé que el decreto incluya disposiciones para fortalecer el programa “El ABC de las Emociones”, establecer buzones confidenciales destinados a detectar situaciones de riesgo de manera temprana e implementar campañas de orientación y acompañamiento dirigidas a adolescentes. Estas acciones buscan no solo regular el contenido en línea, sino también promover un entorno más seguro y saludable para las generaciones más jóvenes en el país.