Santiago de Compostela, 8 de abril de 2025
Los agricultores y ganaderos gallegos podrán continuar utilizando el purín o el estiércol como fertilizantes en sus tierras sin restricciones, siempre que se sigan buenas prácticas en caso de que se declare alguna zona vulnerable por nitratos de origen agrario. Así lo afirmó esta tarde la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en respuesta a una interpelación en el pleno de la cámara sobre este tema. No obstante, recordó que aún se están a la espera de los estudios definitivos por parte del Gobierno central, que serán los que determinen si es necesario llevar a cabo dicha declaración.
Durante su intervención, la titular de Medio Rural destacó que, por el momento, no se han declarado estas zonas y advirtió que, en cualquier caso, las explotaciones no tendrán que adoptar medidas limitantes ni de ningún tipo en el próximo mes de mayo. Esto se debe a que, según explicó, aunque se declaren dichas zonas, la normativa estatal establece un plazo de dos años para aprobar un plan de actuación al respecto.
Medidas a adoptar y normativa vigente
María José Gómez añadió que, una vez aprobado el mencionado plan, se volverán obligatorias ciertas medidas relacionadas con la fertilización agraria y su correcta adecuación a las necesidades del terreno y de los cultivos. En este sentido, la conselleira insistió en que su departamento “tiene la obligación de declarar aquellas zonas donde la contaminación sea significativamente causada por nitratos de origen agrario”. “Declararemos esas zonas como vulnerables cuando el Ministerio lo determine con certeza”, enfatizó.
Además, la conselleira subrayó que los ganaderos han estado aplicando durante años medidas orientadas a reducir la contaminación, tales como la disminución de vertidos de aguas, la cobertura de balsas de purines y la implementación de separadores de sólidos y líquidos. Estas acciones, según Gómez, son subvencionables a través de los planes de mejora y del Plan Estratégico de la PAC (Pepac). En este contexto, defendió el “buen trabajo” de los ganaderos y agricultores gallegos en el cumplimiento de las normativas ambientales, así como su compromiso para lograr explotaciones cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Normativa y mapas de aguas
En su exposición, la conselleira realizó un repaso cronológico de la normativa relacionada, comenzando por la Directiva comunitaria aprobada en 1991 contra la contaminación producida por nitratos de fuentes agrarias, hasta llegar al Real Decreto 47/2022, que aborda la protección de las aguas contra la contaminación difusa por dichos nitratos. De esta última norma, destacó que establece concentraciones de nitratos más bajas que las estipuladas en la Directiva europea.
En este contexto, la conselleira explicó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado de manera provisional los mapas de las aguas afectadas por esa contaminación difusa, los cuales son de acceso público. Una vez que se publiquen estos mapas definitivos y se concluyan los estudios sobre presiones agropecuarias, urbanas y otras significativas realizadas por la Administración estatal, será el turno de la Xunta de actuar en Galicia. Aclaró que la competencia para declarar zonas vulnerables corresponde a la Consellería, aunque la elaboración de mapas con la localización de aguas afectadas es responsabilidad del Gobierno central.
Solicitudes de estudios complementarios
Es importante señalar que Augas de Galicia ha enviado al mencionado Ministerio un escrito solicitando la realización de estudios complementarios y correcciones en los que está elaborando el Gobierno central antes de declarar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Se considera que el estudio presentado por el Gobierno de España no concluye con claridad hasta qué punto la contaminación es provocada por las actividades agropecuarias. Por ello, Augas de Galicia solicita que el Gobierno central, en coordinación con las comunidades autónomas, actualice este estudio, una obligación que, de acuerdo con lo establecido en el real decreto, debe realizarse cada cuatro años.