Reducción de la pena
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reducido la pena a cuatro años de cárcel, que anteriormente era de seis años y cinco meses, para la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia. Esta condena se debe a su apropiación de 1,2 millones de euros durante su gestión entre octubre de 2008 y enero de 2019. En un fallo emitido por el Supremo, se estima parcialmente el recurso presentado por la condenada, excluyendo la continuidad en el delito de estafa, que había sido apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Así, la condena de cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.
La Sala ha decidido mantener el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, lo que implica que la condenada deberá abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. Esta cantidad será responsabilidad solidaria de su marido, quien también fue enjuiciado y considerado “partícipe a título lucrativo”, hasta un límite de 614.377 euros, que corresponde al 50% de lo defraudado.
Conductas delictivas
La sentencia detalla que la acusada, “aprovechando la posición confiada de gestión contable y tesorería, entre los años 2011 y 2018, transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió”. La Sala subraya que el relato fáctico indica que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería”, lo que implica un nivel adicional de culpabilidad que justifica la agravación de la pena, acentuando la violación del crédito y la confianza depositada en sus cualidades profesionales.
El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos”. Estas transferencias, aunque modificaban la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, fueron ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas. Este proceder generó un alto grado de confianza, afectando notablemente la seguridad en el tráfico jurídico-mercantil, con beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre, entre otros.