Reestructuración en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, ha tomado la decisión de realizar un traslado forzoso del juez Luís Villares, quien ha paralizado decenas de proyectos eólicos en tiempos recientes, moviéndolo de la sección tercera a la sección cuarta. Asimismo, la magistrada María Dolores López López también será trasladada de la sección tercera a la cuarta.
En un acuerdo fechado el 12 de marzo de 2025, al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la Sala de lo Contencioso justifica esta reestructuración en base a sentencias del Tribunal Supremo, que indican que se ha vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial por parte de Villares, quien tiene antecedentes de intervención en política al haber sido líder de En Marea.
Reacciones ante la decisión
La decisión de Recio ha suscitado críticas. Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado expresando su preocupación por los inusuales traslados forzosos en la sección tercera, argumentando que estos pueden afectar las garantías de inamovilidad e independencia judicial. La organización denuncia un «desmantelamiento» de la sección, al trasladar a dos de los cuatro magistrados que la integraban, quienes serán reemplazados por nuevos magistrados con poca experiencia en las materias que se manejan.
El acuerdo firmado por la presidenta también menciona que esta reorganización representa una oportunidad de crecimiento profesional para los magistrados. Sin embargo, la sección tercera, que se encarga de las autorizaciones administrativas para parques eólicos y cuestiones de contratación administrativa, ha sido objeto de presión mediática y política debido a sus resoluciones sobre la autorización de proyectos eólicos, lo que añade un contexto complicado a la situación actual.
Implicaciones para la independencia judicial
Jueces para la Democracia ha manifestado su sorpresa ante que una de las primeras acciones de la nueva presidenta, tras solo una semana en el cargo, haya sido este desmantelamiento, el cual no estaba previsto en su programa de gobierno. La organización critica la falta de criterios rectos en esta decisión, sugiriendo que las recusaciones del Supremo sobre Villares no justifican un cambio tan drástico en la composición de la sección.
Además, se advierte que este movimiento podría socavar la independencia de los miembros del Tribunal, al generar un ambiente de intimidación por la amenaza de traslados forzosos. La falta de experiencia previa de los magistrados trasladados en las materias específicas que deben abordar podría resultar en una disfuncionalidad en el trabajo de ambas secciones, complicando aún más la situación en un contexto ya tenso.