Impagos en el Concello de Ourense
Un nuevo episodio de impagos se presenta en el Concello de Ourense. La crisis económica que enfrenta la administración liderada por Gonzalo Pérez Jácome impacta nuevamente en los servicios públicos, dejando en esta ocasión a los operarios de la grúa municipal en una situación de vulnerabilidad. La empresa concesionaria, Grupo Europeo de Servicios Doal, ha notificado oficialmente a sus empleados que solo se les pagará el 50% de la nómina correspondiente al mes de junio, debido a las deudas acumuladas por el Concello.
Según las comunicaciones de la empresa a su personal, a las que ha tenido acceso este medio, la dirección regional justifica esta medida por una “precaria situación de tesorería” que resulta de los retrasos en los pagos por parte de la administración pública. El documento indica que el abono parcial del salario busca mitigar el impacto en las familias, dejando el resto de la remuneración pendiente hasta que el Concello cumpla con sus obligaciones financieras. Este recorte salarial pone de manifiesto que el conflicto relacionado con la grúa se ha vuelto crónico. En abril, el BNG ya había denunciado que alrededor de veinte empleados no recibieron sus salarios correspondientes a marzo, calificando la gestión municipal de “quiebra técnica” y describiendo a Ourense como el “paraíso do pufo”.
Impacto en otros servicios municipales
La parálisis que afecta al Concello se extiende a otros servicios relacionados con la misma empresa, ya que Doal, que formaba parte del antiguo grupo Vendex, también estaba a cargo de la ORA. Tras la decisión del gobierno local de eliminar este sistema de regulación de aparcamiento en zona azul, se produjeron despidos de nueve trabajadores, quienes aún esperan el pago de las indemnizaciones que el Concello se comprometió a cubrir.
La situación se torna cada vez más preocupante para los empleados afectados, quienes han recibido una carta que detalla las condiciones de pago y la incertidumbre que rodea a sus salarios. Este contexto de inestabilidad laboral y económica pone en evidencia la necesidad de una solución urgente por parte de las autoridades competentes para garantizar el bienestar de los trabajadores y la continuidad de los servicios públicos en la ciudad.