El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde al proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima en 37,5 horas semanales. La vicepresidenta Yolanda Díaz destacó que “12,5 millones de trabajadores asalariados se beneficiarán de esta reducción de jornada, de los cuales 6,8 millones son hombres y 5,7 millones son mujeres”.
Esta medida, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, inicia su proceso parlamentario, aunque no ha sido recibida con entusiasmo por todos los partidos. La ley contempla, por un lado, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y, por otro, la creación de un nuevo registro horario que deberá estar operativo seis meses después de su entrada en vigor. “Este registro será digital e interoperable, permitiendo a la Inspección de Trabajo conocer en tiempo real la jornada que realiza cada trabajador”, añadió Díaz.
Adaptación a los convenios colectivos
La nueva jornada laboral deberá ser incorporada en los convenios colectivos que se firmen tras la entrada en vigor de la ley. Aquellos convenios ya firmados desde principios de año, como los 10 en la provincia de Ourense, tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para ajustarse a esta nueva normativa.
En cuanto a las sanciones, el Gobierno impondrá multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que no cumplan con el registro horario y la reducción de jornada. Las infracciones relacionadas con la jornada laboral, trabajo nocturno, horas extra, descansos y otros aspectos se sancionarán con multas que oscilarán entre 1.000 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la falta.
Preocupaciones del sector empresarial
Las asociaciones empresariales de Ourense han expresado su inquietud por la falta de flexibilidad que la normativa propone, especialmente en sectores como el comercio o el transporte por carretera, donde los horarios son más variables. Marison Novoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), comentó que “nuestro tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes, las cuales enfrentan enormes dificultades para cubrir vacantes en los últimos años”, y que estas empresas serán las más afectadas por los cambios.
Novoa también advirtió que “reducir la jornada sin un ajuste proporcional de los costes salariales generará una presión adicional sobre las empresas, especialmente en un contexto de incertidumbre económica”. En el ámbito industrial, se ha señalado que “si se implementa de manera unilateral, se verá afectada la capacidad de negociación colectiva”, según Jose Antonio Rodríguez Araújo, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono.
Reacciones políticas y enmiendas
La reducción de la jornada laboral comienza su recorrido parlamentario sin contar con la mayoría asegurada para su aprobación, y ha recibido críticas contundentes por parte del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, reafirmó el rechazo de su grupo a esta medida, argumentando que proviene de una “imposición” y que no se ha tenido en cuenta a la patronal en las negociaciones.
Tellado enfatizó que “creemos que esta propuesta carece de consenso y que antes de impulsarla, el Gobierno de España debería haber trabajado con los agentes sociales para buscar un acuerdo entre patronal y sindicatos”. Por su parte, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, anunció que su grupo presentará una enmienda a la totalidad cuando el borrador llegue a la mesa del Congreso, argumentando que “estamos en contra de la base de la ley, que es reducir la jornada de forma estructural sin considerar la opinión de la patronal”.