La Ley del Clima de Galicia
El 3 de marzo de 2026, se implementó la Ley 1/2026 del Clima de Galicia, que establece la neutralidad climática para 2040, superando en diez años el objetivo europeo. Además, se plantea una reducción del 75% de emisiones netas para 2030 en comparación con los niveles de 1990. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó que esta es la primera ley en España que formaliza el objetivo de neutralidad climática, posicionando a la Xunta en el epicentro de su política ambiental y como un argumento ante las instancias europeas. Sin embargo, el instrumento financiero creado para su implementación carece de una dotación propia.
La ley contempla la creación de fondos para la transición climática y circular de Galicia, destinados a financiar políticas de mitigación y adaptación, economía circular, investigación e innovación, así como sensibilización ciudadana. Estos recursos deberán incluir, al menos, lo que le corresponde a Galicia del Fondo Social por el Clima europeo. En este contexto, se destaca que la llave de la caja la tiene Madrid. Este fondo, que suma 65.000 millones de euros para toda la UE entre 2026 y 2032, fue creado por la UE para compensar el impacto social del nuevo mercado de emisiones de carbono que afectará a edificios, transporte y pequeña industria. Cada Estado miembro tiene la responsabilidad de elaborar y presentar su Plan Social para el Clima ante la Comisión Europea, siendo los Estados, y no las regiones, quienes llevan a cabo las negociaciones.
Desafíos en la implementación
En junio de 2025, la Xunta presentó a la Comisión Europea 62 proyectos para el fondo, señalando que el Gobierno central no ejerce la cogobernanza con las comunidades autónomas. El PSdeG advirtió que ninguna de las 284 regiones europeas había realizado una acción similar, dado que el mecanismo no permite interlocución directa con las regiones y el fondo aún no estaba operativo. De esta manera, la arquitectura financiera depende de la cooperación con un Estado que, a su vez, es señalado como obstáculo.
Los presupuestos de 2026, aprobados en diciembre de 2025, se anticipan en más de dos meses a la entrada en vigor de la ley. Esto implica que las cuentas vigentes no podían incluir las obligaciones impuestas por la norma: a partir de este momento, los presupuestos generales de Galicia deberán contemplar partidas específicas para mitigar y adaptar el cambio climático, acompañadas de una memoria que detalle las inversiones y su contribución a los objetivos climáticos.
Presupuesto y críticas
Desde la Consellería de Medio Ambiente se presenta el presupuesto como un respaldo sólido a la norma. El presupuesto total asciende a 417 millones de euros, y la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático contará con un 20,14% más de fondos en 2026. Aunque estos son crecimientos reales, las partidas no llevan la etiqueta de “gasto climático” que la ley exige. La propia norma establece que la creación del Foro de Acción Climática y la nueva Oficina de Cambio Climático no implicarán un incremento presupuestario: los nuevos órganos de gobernanza climática se financiarán reasignando recursos ya existentes. Durante el proceso parlamentario, la diputada socialista Paloma Castro advirtió que la ley “establece obligaciones pero no habilita medios para cumplirlas”, mientras que el BNG presentó una enmienda a la totalidad. La Xunta rechazó ambas posturas, defendiendo el texto como “adaptado al marco europeo”.