La Audiencia Provincial de Ourense llevará a cabo un juicio el próximo miércoles en el que se enfrentarán a la justicia cinco acusados por delitos relacionados con drogas. De acuerdo con el informe presentado por la Fiscalía, se recibieron numerosas denuncias sobre la creación de un punto de venta de drogas, específicamente heroína y cocaína, en una vivienda de dos plantas situada en la ciudad. Como resultado, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Ourense inició un operativo de vigilancia que culminó en julio de 2023 con la detención de tres de los acusados, quienes fueron liberados debido a la cantidad mínima de droga confiscada.
Reanudación de actividades delictivas
La Fiscalía argumenta que tras su liberación, los acusados retomaron la venta de droga en dosis “micras” de heroína a cinco euros, así como rebujo, una mezcla de cocaína y heroína, por diez euros. Esta actividad se realizaba facilitando a los drogodependientes el consumo dentro de la vivienda. Además, al enterarse de que estaban siendo investigados nuevamente, decidieron trasladar su operación a otro lugar.
La acusación pública también indica que, como consecuencia de las detenciones, los acusados alquilaron un nuevo inmueble en la zona de Eiroás, donde realizaron reformas para reforzar la seguridad del lugar, incluyendo rejas en las ventanas, una doble puerta metálica en la entrada y cerrojos de seguridad en el interior. Las vigilancias permitieron a los agentes descubrir que un domicilio en la carretera de La Granja estaba siendo utilizado como guardería para la droga.
Operativo policial y hallazgos
El 15 de enero de 2024, se llevaron a cabo detenciones y registros en los que los agentes encontraron heroína y cocaína, así como herramientas como una balanza de precisión. También se incautaron cuchillos con mango de madera. Según el escrito de acusación, uno de los detenidos era responsable de abrir la vivienda y entregar las dosis a los drogodependientes que acudían a la narcosala, cobrando por ello 80 euros diarios.
La Fiscalía sostiene que los actos cometidos constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Por este motivo, solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 200.000 euros. Además, para los acusados de nacionalidad extranjera, se propone que cumplan dos tercios de la condena y que el resto sea sustituido por la expulsión del territorio español durante un periodo de cinco años.