El alcalde y la opacidad en Ourense
El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, se encuentra en una posición singular dentro del club de la opacidad tras la reciente publicación del registro de bienes. Es el único de los 27 miembros de la corporación que ha decidido mantener su patrimonio oculto, evitando así el escrutinio público que se espera en el portal municipal.
Para preservar este blindaje, Jácome ha optado por una controvertida argucia legal: depositar el registro de sus bienes en la Diputación, amparándose en una excepcionalidad de la Ley de Bases del Régimen Local. Esta medida, que históricamente ha sido utilizada como un mecanismo de protección para concejales y alcaldes amenazados durante los años más difíciles del terrorismo de ETA, se ha convertido en un escudo eficaz para el regidor ourensano.
La relevancia política de la estrategia
El uso sistemático de esta vía de protección extrema cobra una mayor relevancia política en 2026. La maniobra legal permite a Jácome blindar sus cuentas ante la opinión pública en medio de la prolongada tormenta que rodea sus ingresos privados, que se encuentran al margen de su salario institucional. Su amplio volumen patrimonial, que incluye 19 inmuebles según el sumario de su investigación judicial, ha suscitado numerosas críticas. Además, sus recientes y polémicas afirmaciones en el pleno, donde declaró que cobrará “lo que le dé la gana” mientras la Justicia no se lo impida, han intensificado el debate sobre su transparencia y ética.
La situación actual plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los bienes y patrimonios de los representantes municipales. La opacidad en la que se encuentra el alcalde de Ourense no solo afecta su imagen, sino que también plantea un desafío a la confianza de los ciudadanos en sus líderes.