La población extranjera en Ourense ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando el 15% del censo provincial. Miles de personas provenientes de diversos países han decidido establecerse en diferentes localidades de la provincia con el objetivo de reconstruir sus vidas e integrarse en el mercado laboral. Sin embargo, desde noviembre del año pasado, una parte significativa de esta población se ha visto forzada a abandonar sus empleos y regresar a un limbo legal para poder modificar su situación residencial antes del 20 de mayo de 2025.
Cambios en la Ley de Extranjería
A partir de esa fecha, entrarán en vigor las modificaciones de la Ley de Extranjería, que por un lado amplían los tipos de visados que podrá solicitar una persona que desee ingresar a España, y por otro, introduce nuevos supuestos bajo los cuales un emigrante puede obtener un permiso de residencia y trabajo a través de la figura del arraigo. Esta figura permitirá a los extranjeros en situación irregular regularizar su estancia en España, basándose en los vínculos que han establecido en el país.
Sin embargo, estas nuevas opciones están condicionadas al requisito de “previa irregularidad”, lo que impacta especialmente a quienes han llegado a la provincia mediante una solicitud de asilo político y humanitario. Esto afecta de manera particular a la población colombiana y venezolana, quienes, gracias a esta modalidad, cuentan con un permiso de residencia o trabajo. Con la entrada en vigor de la nueva normativa el 20 de mayo, también se eliminará la posibilidad de que estos ciudadanos extranjeros puedan justificar un permiso de residencia basado en su tiempo de estancia, lo que los coloca en una situación complicada.
La encrucijada de los solicitantes
“Un extranjero no puede tener dos trámites de residencia activos al mismo tiempo”, explica el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. “Muchos residentes en Ourense llegaron a la provincia haciendo una solicitud de asilo, que otorga permiso de trabajo y residencia mientras se determina si sus circunstancias son adecuadas o no. Con ese permiso, un extranjero puede empadronarse y trabajar, pero solo hasta que su solicitud sea resuelta”.
Santos continúa explicando que la encrucijada surge del hecho de que muchos de estos emigrantes, debido a la congestión burocrática, están comenzando a cumplir los requisitos para solicitar el arraigo. Sin embargo, para ello “deben retirar la solicitud de asilo y abrir un proceso de arraigo. Al retirar esa solicitud, también pierden el permiso de trabajo y residencia hasta que se resuelva esta segunda petición”. Por esta razón, muchos forasteros residentes en Ourense se ven obligados a dejar sus trabajos para poder realizar este trámite, el cual puede tardar entre uno y tres meses.
Un dilema complicado
“Este cambio de estatus implica la renuncia al puesto de trabajo, ya que al renunciar a la solicitud de asilo se pierde también el derecho a trabajar. Aunque se garantizan todos sus derechos, es un problema estratégico en el que cada caso es único”, asegura el subdelegado del Gobierno.
El resultado es que los extranjeros residentes en Ourense se enfrentan a una elección: permanecer como solicitantes de asilo político o humanitario, arriesgándose a que el Estado español determine que no corresponde a su situación, o bien retirar esa solicitud de asilo e intentar acceder a la residencia por arraigo. Un dilema en el que el tiempo juega en su contra, ya que a partir del 20 de mayo, cuando entre en vigor la nueva ley, no podrán beneficiarse del tiempo de estancia que hayan acumulado en la provincia, y deberán esperar dos años sin poder trabajar hasta que puedan solicitarlo nuevamente.