Acusaciones contra Explotaciones Gallegas
La Fiscalía ha solicitado la apertura de un juicio oral contra la empresa propietaria de los terrenos y los derechos de investigación de la antigua mina de Touro, así como contra dos de sus responsables. Para estos últimos, la Fiscalía pide dos años de prisión e inhabilitación durante ese tiempo para ejercer cualquier profesión relacionada con actividades mineras y extractivas.
En un documento presentado al Juzgado de Instrucción número 1 de Arzúa (A Coruña) el pasado 8 de marzo, la fiscal Luisa María Suárez Cabo ha dirigido la acusación contra Explotaciones Gallegas, la cual adquirió la concesión de explotación en 1993, conocida como mina de Touro.
Responsables en el punto de mira
La acusación también se extiende al administrador solidario de Explotaciones Gallegas desde su creación, así como a la que fue administradora solidaria de la empresa desde 2009 hasta 2020, año en que asumió el cargo en Casiñas SL.
En los terrenos de Explotaciones Gallegas, la empresa Cobre San Rafael, que forma parte de Atalaya Mining, busca reanudar la explotación de cobre. Este proyecto, que cuenta con el respaldo técnico y económico de Atalaya Mining, se encuentra actualmente en fase de exposición pública y fue declarado como proyecto estratégico en 2024.
Desarrollo del proyecto y obstáculos ambientales
En 2020, Cobre San Rafael (Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas) recibió una declaración de impacto ambiental negativa por parte de la Xunta, lo que obligó a la empresa a modificar su propuesta y presentar un nuevo proyecto, el cual está ahora en proceso de tramitación.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la minería en la región y las implicaciones legales que enfrentarán los responsables de Explotaciones Gallegas en el contexto de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.