El Juzgado de lo Social 4 de Ourense ha dictado una sentencia favorable en parte a la demanda presentada contra Grupo Control y Adif, en relación a las condiciones laborales de 14 vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en la estación de Ourense. Estos trabajadores han estado expuestos a temperaturas extremas, lo que ha llevado al juzgado a ordenar a ambas empresas que indemnicen a cada uno de los afectados con 3.512 euros.
Responsabilidad de las empresas
En su defensa, Grupo Control argumentó que la labor de control de accesos al andén se intensifica durante los 30 minutos previos a la salida de los trenes, lo que no ocupa la totalidad de la jornada laboral de los vigilantes. Por su parte, Adif se deslindó de la responsabilidad, alegando que su función se limita al tráfico ferroviario y que las condiciones laborales de los trabajadores son responsabilidad de Grupo Control, la empresa subcontratada.
La jueza, sin embargo, respondió de manera contundente a estos argumentos en su sentencia, afirmando que “las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”. De este modo, se concluye que Adif no puede considerarse ajena a la situación.
Condiciones laborales y sanciones previas
La magistrada detalló que los 14 trabajadores encargados del escáner y control de acceso operan en la zona exterior de la estación, lo que les obliga a realizar su labor “soportando temperaturas extremas”. Además, recordó que ya se había impuesto una sanción de Inspección de Trabajo a la empresa por un monto de 5.000 euros debido a la falta de medidas correctoras necesarias. Esta decisión fue confirmada por el Juzgado de lo Social 1, que determinó que se habían incumplido las obligaciones preventivas, exponiendo a los trabajadores a condiciones peligrosas.
La jueza subrayó que, a pesar de la resolución judicial y del informe de la Inspección de Trabajo, no se han implementado medidas correctoras efectivas que permitan a los trabajadores desempeñar sus funciones en condiciones óptimas, preservando así su integridad física. “Pese a esa resolución judicial y al informe de la Inspección de Trabajo no se han tomado, o no constan aparte de las intenciones de hacerlo esgrimidas en el acto de vista, medidas correctoras que, hasta la fecha, permitan a los trabajadores el desempeño de sus funciones en condiciones óptimas, preservando su integridad física”, enfatizó.
Riesgos para la salud de los trabajadores
La sentencia también menciona que los trabajadores están expuestos a un riesgo evidente de sufrir daños graves, tales como golpes de calor o shock térmico. Por esta razón, el juzgado ha condenado a las empresas a abonar a cada uno de los 14 vigilantes 3.512 euros como compensación por las condiciones laborales inadecuadas a las que han estado sometidos.