Las tres comunidades del noroeste peninsular han formalizado una alianza en Santiago de Compostela para exigir a la Unión Europea una resolución definitiva sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. Este acuerdo, conocido como la Declaración de Compostela, establece un mecanismo de interlocución permanente con las instituciones europeas, con el fin de coordinar la presión sobre este asunto.
Firmas y Compromisos
La firma del documento estuvo a cargo de la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de Castilla y León, Natalia Flórez. Por parte del sector empresarial, se unieron a la causa el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; y el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.
La declaración resalta la importancia estratégica de las autopistas AP-9 y AP-66 para la movilidad de personas y mercancías, así como para la competitividad empresarial y el desarrollo económico del noroeste. Se señala que el régimen concesional de estas vías afecta directamente a millones de personas y miles de empresas en la región.
Acciones Inmediatas y Contexto Legal
Como primer paso, se acordó enviar una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, solicitando una reunión. El consejero asturiano Alejandro Calvo explicó que el objetivo es que el asunto trascienda el actual dictamen motivado y llegue al colegio de comisarios, convirtiéndose en «una amenaza importante de incumplimiento y sanciones al Gobierno de España que obligue a su cumplimiento». Allegue indicó que la carta se enviaría el mismo viernes.
Este acuerdo se produce casi un año después de que la Comisión Europea concluyera en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66, formalizadas en el año 2000, incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El procedimiento de infracción contra España se inició hace casi cinco años tras una denuncia presentada por la asociación En Colectivo.
Demandas de Transparencia y Legalidad
En este contexto, la conselleira gallega denunció que la Xunta se enteró del dictamen a través de los medios de comunicación y que, hasta la fecha, desconoce el contenido de la respuesta que el Gobierno central envió a Bruselas. Ante esta situación, el Ejecutivo gallego ha recurrido a los tribunales, presentando formalmente un escrito de demanda judicial para exigir la información que el Estado remitió a la CE. «Queremos transparencia y toda la información», afirmó Allegue, quien advirtió que esta exigencia es «más necesaria que nunca» en un momento en que se amenaza con una transferencia de la AP-9 «impuesta» desde Madrid.
La asociación En Colectivo, que presentó la denuncia ante la Comisión Europea, advirtió que el cumplimiento de la legalidad no debería dilatarse más. Su presidente, Diego Maraña, recordó que si el Gobierno del Estado no acata de forma voluntaria el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea, el siguiente paso será iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría alargar significativamente los plazos de resolución.