Evitar que las bajas laborales superen la «duración estándar» se ha convertido, por primera vez, en uno de los objetivos establecidos en los Acordos de Xestión del Sergas. Este aspecto es fundamental, ya que forma parte de la baremación para el plus de productividad que reciben los médicos de familia al cumplir con estos objetivos.
Objetivos de Gestión en el Sistema Sanitario
Estos acuerdos son herramientas de planificación anuales que la Consellería de Sanidade utiliza para establecer metas asistenciales, preventivas y de gestión en diversas áreas. Entre los 53 objetivos incluidos se encuentran el impulso de programas de cribado, la investigación, la prescripción mínima de medicamentos genéricos, la atención a la salud mental y la promoción de la participación en campañas de vacunación.
Según fuentes consultadas por Europa Press, al cierre de cada año se evalúan los objetivos para determinar el abono del complemento de productividad. Este año, el plus para los médicos de atención primaria asciende a 2.491 euros, de los cuales una parte se abona mensualmente y otra se paga en función de los objetivos alcanzados.
Control de la Incapacidad Temporal
Por primera vez, entre los objetivos a recompensar se encuentra el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal, con un peso que, aunque varía según las áreas sanitarias, se sitúa en torno al 10 %. Cada proceso tiene un tiempo “estándar” de baja, determinado por la Seguridad Social, y se busca evitar que el paciente exceda este margen.
Fuentes de la Consellería de Sanidade subrayan que el indicador ahora incluido está contemplado en el convenio entre el Gobierno central (Instituto Nacional de Seguridad Social) y Galicia para el periodo 2025/28, publicado en el BOE. Además, mencionan que este indicador es utilizado también por otras comunidades autónomas, como Castilla y León.
Preocupaciones en el Ámbito Sanitario
No obstante, médicos consultados expresan su preocupación por la percepción de esta medida y destacan lo «peliagudo» que resulta incluirla en una prima económica, dado lo subjetivo de la evolución de cada paciente y factores externos como las listas de espera para pruebas.
La CIG también ha manifestado su oposición y ha exigido la retirada de este indicador, denunciando lo que consideran una «campaña de criminalización» hacia las personas de baja. Aseguran que tanto la decisión de iniciar una incapacidad temporal como la de dar el alta deben basarse en criterios clínicos, y que vincular la indicación del alta a efectos retributivos puede romper la confianza entre pacientes y profesionales.