Condena por agresión sexual en Ourense
La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido una sentencia que condena a Iván Alberto V.B., de 19 años, a seis años de prisión tras admitir haber agredido sexualmente a una joven de 18 años en octubre de 2023. El acusado decidió reconocer los cargos antes del juicio oral, lo que le permitió beneficiarse de una reducción en la pena inicial, que era de doce años de cárcel. Además, aceptó las medidas de alejamiento y se comprometió a indemnizar a la víctima.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 al 6 de octubre de 2023, cuando el condenado y la víctima salieron de fiesta junto a una amiga. El agresor era consciente del estado de intoxicación de la mujer, que presentaba una tasa de alcohol de 0,48 gramos por litro en sangre y 1,20 en orina, según las analíticas posteriores.
Detalles del ataque
La sentencia subraya que la intoxicación de la víctima fue un factor determinante que la llevó a un estado de semiinconsciencia, anulando su capacidad de consentimiento. Tras dirigirse al domicilio de la joven, ella se tumbó vestida en la cama para descansar. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Iván Alberto V.B. aprovechó la situación, desnudándola de cintura para abajo y comenzando a penetrarla vaginalmente. Los jueces destacan la gravedad del ataque, ya que la mujer perdió la noción de la realidad y solo recuperó la consciencia de manera traumática cuando el acusado la estaba penetrando analmente. A pesar de su oposición expresa al recobrar parcialmente la consciencia, el agresor continuó con tocamientos e introducciones digitales en su zona vaginal.
Como resultado de esta agresión, la víctima ha requerido un extenso proceso de recuperación de 558 días debido a un cuadro de estrés postraumático moderado. La sentencia menciona secuelas persistentes, como hipervigilancia, aislamiento social y trastornos del sueño, que han impactado diversas áreas de su vida. Por ello, el condenado deberá abonar una indemnización de 47.134 euros.
Situación del agresor
La sentencia también considera la situación administrativa del agresor, originario de Venezuela. Dado que se encuentra en situación irregular tras la denegación de su arraigo laboral en 2025, los magistrados han ordenado que la pena de cárcel sea sustituida por su expulsión del territorio nacional una vez que cumpla con el tercer grado penitenciario o haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, con una prohibición de regreso durante diez años.