El panorama político en la ciudad ha cambiado drásticamente. Lo que Pérez Jácome había presentado durante años como una persecución hacia la oposición se ha transformado en una revelación de ilegalidades que están afectando seriamente las finanzas municipales. En un corto periodo de diez días en febrero, el alcalde ha enfrentado múltiples reveses por parte del Tribunal Supremo, así como medidas cautelares y citaciones como investigado. Esta serie de decisiones judiciales ha agotado la protección que le permitía actuar al margen de la ley. Ahora, Ourense comienza a sufrir, de manera tangible, las consecuencias de sus excesos.
Hostigamiento del Supremo
El primer gran revés económico y moral de este febrero horribilis provino del alto tribunal. El Supremo desestimó el recurso del Concello relacionado con el acoso laboral a la jefa de la Policía Local, María Barrera. El fallo no solo ratifica el hostigamiento, sino que también impone una indemnización de 30.000 euros a cargo de los contribuyentes. Este golpe se suma a la condena firme por vulnerar los derechos fundamentales de la portavoz del PSOE, Natalia González, lo que evidencia un patrón preocupante en la gestión del alcalde.
Esta situación no es aislada. A finales de 2025, el alto tribunal ya había anulado la modificación de la jornada laboral impuesta por Jácome, confirmando que había utilizado indebidamente la junta de gobierno para eludir la aprobación del pleno, lo que resultó en otra condena en costas. Además, la negligencia administrativa se ha hecho evidente, como lo demuestra el pago de 11.600 euros a la SGAE por impago del canon musical, generando casi 2.700 euros adicionales en intereses por demoras.
Caos en la gestión del personal
La desorganización interna se ha convertido en una auténtica sangría. A mediados de enero, el TSXG confirmó la obligación de abonar más de 2.900 euros (más intereses y costas) a un policía local debido a la exclusión ilegal de pluses en sus pagas extra. Esta situación se agrava con una serie de sanciones notificadas este mes por ignorar sistemáticamente a la plantilla, incluyendo el requerimiento de abonar de golpe atrasos por exceso de jornada de 2019 a 2025 a un funcionario que no ha sido atendido desde 2021.
La situación ha llegado a tal extremo que un bombero ha acumulado impagos desde 2017. El juez criticó abiertamente los incomprensibles cálculos del Concello y falló a favor del demandante, imponiendo 4.782 euros solo en intereses. La junta de gobierno, tras decidir recurrir el 12 de febrero, se vio obligada a rectificar su decisión días después, reconociendo sus propios errores y acatando el auto para evitar un aumento en las condenas en costas.
Problemas en la Plaza de Abastos
Esta semana, la Justicia asestó un golpe crítico al proyecto estrella del alcalde. La suspensión cautelar del desalojo de los placeros de la Alameda representa un freno total a sus planes. El auto judicial revela la dura realidad: el edificio histórico carece de suministros básicos. Este revés se agrava en el ámbito económico, ya que el juez ha desestimado la desproporcionada caución de casi tres millones de euros exigida por el Concello para paralizar el desahucio, reduciéndola a apenas 50.000 euros anuales.
En el Tribunal de Instancia, el caso más delicado se encuentra en la declaración de Jácome ante el juez Leonardo Álvarez por presunta apropiación indebida de fondos. La investigación se centra en la legalidad del cobro de su salario como alcalde desde 2019, con dedicación exclusiva, mientras facturaba a través de su televisión sin solicitar la compatibilidad al pleno. La situación ha alcanzado un punto crítico, donde ya no hay espacio para distracciones o cortinas de humo.