La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos n.º 1 ha tomado la decisión de desarmar los argumentos del gobierno local de Ourense. Ante la parálisis administrativa que pone en peligro la continuidad del mercado, el colectivo liderado por Emilio González, “Milucho”, junto con la Xunta y la Diputación, ha presentado un nuevo enfoque en la negociación que desmantela las objeciones planteadas por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome para impedir las obras de finalización del edificio principal. Han propuesto un esquema renovado que altera las cargas económicas, en el cual los comerciantes renuncian a solicitar una prórroga en la concesión.
En noviembre pasado, el alcalde calificó la oferta de los comerciantes como una “propuesta trampa”, argumentando que su inversión de 400.000 euros obligaría al Concello a una “doble compensación” a través de la ampliación del contrato. Sin embargo, la nueva propuesta deja a Jácome sin justificaciones. Según las negociaciones a las que ha tenido acceso este medio, la Diputación está dispuesta a aumentar su contribución hasta los 400.000 euros, en lugar de los 200.000 euros inicialmente ofrecidos. A cambio, los comerciantes reducirían su aportación a 200.000 euros, mientras que la Xunta mantiene su compromiso de 1,4 millones y el Concello, propietario del inmueble, no aportaría ni un solo euro.
Renuncia a la prórroga
Este ajuste pone en una posición complicada al alcalde Jácome, ya que los comerciantes han expresado su renuncia expresa a solicitar la ampliación del contrato. No están pidiendo una prórroga: ofrecen 200.000 euros para adecuar el edificio y se conforman con los siete años restantes de la concesión actual. De esta manera, los afectados aceptan utilizar únicamente el tiempo de contrato que les quedaba pendiente desde su traslado en 2018, momento en el que el cómputo se detuvo, desactivando así el argumento recurrente del regidor de que “no se puede compensar a quien ya fue compensado”.
Con la financiación asegurada por la Xunta y la Diputación, y eliminada la discusión legal sobre la duración de la concesión, el gobierno local parece haber encontrado un nuevo obstáculo: los plazos. El Concello ahora condicionaría la ejecución de las obras a que el traslado al edificio histórico se materialice en marzo de 2027, antes de las próximas elecciones municipales.
Compromiso de los comerciantes
A pesar de que los tiempos de ejecución de una obra de tal magnitud dependen de los permisos de Patrimonio y de la licitación autonómica, lo que dificulta garantizar esos plazos, los comerciantes aceptan el desafío para evitar que el mercado cierre. Emilio González confirmó que la asociación está dispuesta a que, a partir de la fecha establecida por el alcalde, comience a contar el tiempo de su concesión -los siete años restantes-, independientemente de si las obras están finalizadas o si el retraso se debe a “causas ajenas”. De esta forma, asumen el riesgo de perder tiempo real de explotación si los trabajos se demoran, con el objetivo de desbloquear el conflicto. “Nos encantaría que se llegase a un acuerdo antes de que el juzgado resuelva, por el bien de las dos partes y también de la ciudad”, enfatiza González.
El 9 de enero marcaba el final del ultimátum impuesto por Jácome para el desalojo forzoso de las instalaciones provisionales de la Alameda. Sin embargo, el mercado continúa operando con normalidad, ya que el desahucio está paralizado por el juzgado, que está evaluando las alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas por los comerciantes. Mientras los tribunales deciden sobre la urgencia del desalojo, la nueva propuesta de los comerciantes deja al gobierno municipal sin justificaciones técnicas ni económicas para no firmar el convenio que restablezca, de una vez por todas, la actividad en el edificio histórico.