El año 2026 se presenta como un punto de inflexión para el mercado inmobiliario en Ourense. Cientos de inquilinos que formalizaron sus contratos de arrendamiento a finales de 2020, en plena pandemia, verán expirar este año el blindaje legal de cinco años que otorgaba la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estos hogares inician el año bajo la incertidumbre, ya que deberán renegociar sus rentas en un escenario de escasa oferta y cambios legislativos constantes.
Impacto en los precios de alquiler
Una vez finalizado el contrato, los propietarios recuperan la libertad para actualizar los precios al valor de mercado actual, aunque sujetos a los índices de referencia estatales. Sin embargo, el impacto en el bolsillo será notable. Según datos del Ministerio de Consumo, la renovación de estos contratos supondrá un encarecimiento medio en Galicia de 980,37 euros anuales. Aunque la comunidad gallega será una de las que sufra un menor impacto económico en comparación con el resto de España, la subida llega en un momento delicado para la economía doméstica. En el caso concreto de Ourense, si tomamos como referencia el Observatorio Galego da Vivenda, los alquileres se han encarecido un 36,7%, pasando de 414 euros mensuales de media a 566 euros.
El verdadero problema en la provincia no es solo el precio, sino la disponibilidad. La oferta de vivienda en el circuito de comercialización ha tocado un suelo histórico. Actualmente, apenas existen 270 viviendas disponibles en toda la provincia, de las cuales solo 190 se encuentran en la capital.
Inseguridad jurídica y su efecto en el mercado
Esta sequía de oferta se ve agravada por la inseguridad jurídica, según apuntan desde el sector inmobiliario. La reciente prórroga de la moratoria antidesahucios para todo 2026, pactada por el Gobierno y EH Bildu, junto a la falta de aprobación del Plan de Vivienda 2026-2030, ha disparado la desconfianza. Muchos propietarios, temiendo la “inquiokupación” y la imposibilidad de recuperar sus inmuebles —con esperas judiciales superiores a 20 meses—, optan por retirar sus casas del mercado.
Desde el sector inmobiliario ourensano, la crítica a las medidas del Ejecutivo central es contundente. El analista Benito Iglesias advierte sobre las consecuencias de cargar la responsabilidad social sobre el particular: “Los propietarios de una vivienda no deben ser los garantes del escudo social del mal hacer de las políticas del Gobierno”, sentencia.
Consecuencias de la política de vivienda
Iglesias denuncia que la prórroga de la prohibición de desahucios vulnera el derecho a la propiedad y no soluciona el problema de fondo: “Las familias económicamente vulnerables no pueden seguir sosteniéndose con parches que perpetúan la precariedad”. Para el experto, la intervención del mercado y la “negligente” política de vivienda estatal solo están consiguiendo reducir aún más la oferta y dificultar el acceso a un hogar en Ourense.
La situación actual del mercado inmobiliario en Ourense refleja una complejidad que va más allá de los simples números. La combinación de una oferta escasa, un aumento en los precios y una creciente incertidumbre legal plantea serios desafíos para inquilinos y propietarios por igual, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad del sector.