La Asociación de Consumidores En Colectivo ha calificado como «inaceptable» la nueva subida de los peajes en la autopista AP-9, a la que ha descrito como «una autopista ilegal». La entidad ha exigido al Gobierno de España que anule la ampliación de la concesión e implante la gratuidad.
Demandas del portavoz de En Colectivo
El portavoz de la asociación, Diego Maraña, ha reiterado ante Europa Press la exigencia de que el Gobierno de España «paralice y congele» el incremento de los peajes, argumentando que la AP-9 es una «autopista ilegal». Maraña ha recordado que existe un dictamen motivado de la Comisión Europea que establece que la ampliación de la concesión hasta 2048 incumple la normativa comunitaria, tras una denuncia interpuesta por En Colectivo.
El portavoz ha señalado que el Gobierno tiene la obligación de ejecutar este dictamen, lo que conllevaría la anulación de la ampliación de la concesión y, a su vez, la gratuidad para todos los gallegos. Esta situación ha generado un gran malestar entre los usuarios, quienes ven cómo los costos de los peajes continúan aumentando.
Críticas a la gestión del Gobierno
Maraña ha expresado su descontento, afirmando que es «muy triste» que el Ejecutivo central, a pesar de ser consciente de esta situación irregular, utilice el coste como justificación para no ejecutar el dictamen. Además, ha enfatizado que se permiten incrementos que suponen un gasto desorbitado para los gallegos, quienes dependen de la AP-9 como la única vía de comunicación de norte a sur, sin alternativas viables.
Por ello, En Colectivo ha exigido que «de una vez por todas» el Gobierno permita a los gallegos utilizar la autopista de forma gratuita. La asociación ha manifestado su incomprensión ante la negativa a ejecutar el dictamen europeo, lo que genera un «perjuicio» considerable para los usuarios.
La situación de Galicia en comparación con otras regiones
En este contexto, Maraña ha lamentado que los gallegos sean considerados por el Ejecutivo «españoles de tercera división», debido a la falta de infraestructuras y de calidad de movilidad comparable a otras regiones de España. Ha instado a reflexionar sobre las prioridades del Gobierno para Galicia, sugiriendo que si esta situación se hubiera presentado en Cataluña o el País Vasco, el asunto habría sido resuelto de inmediato.
La situación actual de la AP-9 y las demandas de En Colectivo ponen de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las políticas de infraestructura y transporte en Galicia, así como la urgencia de atender las necesidades de los ciudadanos que dependen de esta vía para su movilidad diaria.