El destino a veces presenta un sentido del humor macabro. Gonzalo Pérez Jácome no disfrutará en 2026 del Entroido que había soñado. Resulta irónico para un alcalde que ha hecho de la fiesta y el disfraz su principal bandera política. El próximo 13 de febrero, en el Viernes de Entroido, el regidor deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1, donde se presentará como investigado, enfrentándose al proceso judicial más complicado y personal de su carrera política.
La citación por apropiación indebida, que se hizo pública hace unos días, marca un punto de no retorno en la trayectoria política del líder de Democracia Ourensana. El auto de admisión a trámite del magistrado Leonardo Álvarez da inicio a una instrucción penal. Ya no se trata de “errores” burocráticos ni de audios anulados por su “origen ilícito”; lo que la Justicia investiga ahora es una supuesta “planificación consciente” para el saqueo institucional.
Apropiación indebida
La causa más reciente, basada en la querella del exconcejal Telmo Ucha, representa la mayor amenaza para su supervivencia política. La acusación sostiene que la duplicidad de ingresos del alcalde -cobrar la exclusiva del Concello y mantener su televisión privada- no es un simple despiste, sino una estrategia. La denuncia lo califica de “planificación consciente y deliberada” para enriquecerse a costa del erario público.
Esta citación se convierte en la pieza central de una telaraña que asfixia la gestión de Jácome, quien enfrenta un escenario de tormenta perfecta con tres frentes judiciales abiertos casi simultáneamente que fiscalizan las tres aristas de su poder: su patrimonio personal, su gestión de la “cosa pública” y el uso privativo de los recursos municipales.
Prevaricación por inacción
Paralelamente a la investigación económica, el alcalde enfrenta un segundo frente penal, esta vez impulsado por la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ministerio Público ha denunciado a Jácome por prevaricación omisiva, elevando el conflicto del ruido en el Casco Vello a la categoría de delito. La tesis de la Fiscalía es clara: el alcalde conocía los incumplimientos sistemáticos de la normativa en la zona histórica y decidió, presuntamente de forma deliberada, “no actuar”. Se le imputa haber guardado en un cajón las denuncias vecinales y las mediciones policiales, protegiendo la actividad de la hostelería nocturna en detrimento de la salud de los residentes.
La Justicia debe determinar ahora si esa maniobra de ocultar la mano constituyó una ocultación deliberada de la realidad para percibir indebidamente una doble remuneración durante más de seis años. El juzgado ha ordenado levantar el secreto fiscal, requiriendo a la Agencia Tributaria las declaraciones de IRPF, IVA y Patrimonio de Jácome desde 2019.
Malversación
El sumario de causas abiertas dibuja un sistema depredador, una suerte de “cleptocracia low cost” donde lo público y lo privado se entremezclan. El negocio privado del alcalde aparece como el gran parásito de los recursos municipales, cerrando un círculo vicioso de financiación cuestionable. Se investiga el flujo del dinero, ya que se ha abordado en múltiples ocasiones que la televisión se nutre, en parte, de las asignaciones de fondos públicos que el Concello transfiere al grupo municipal de Democracia Ourensana, algo que Jácome nunca ha negado.
Además, la denuncia del exasesor José Manuel Palacios mantiene abierta una causa por malversación contra Jácome, centrada en la figura de Germán López Vázquez y la compra de cámaras con fondos públicos. La Justicia trata de esclarecer si este asesor eventual, cuya nómina pagan todos los ourensanos, ejerce realmente labores de cámara y técnico para la televisión privada del alcalde.