El acuerdo alcanzado entre la defensa de Jonatan R.V. y la fiscalía ha permitido al guardia civil evitar la condena de prisión que inicialmente solicitaba el ministerio público. Este caso se centra en una denuncia falsa presentada por el acusado contra una conductora, en la que se alegó la supuesta intervención de otro agente y se afirmó que la mujer se había negado a identificarse, además de haber proferido la expresión “sodes tontos”, a pesar de que solo había un guardia presente. La Audiencia Provincial, tras analizar el caso, impuso una multa de 2.520 euros y la suspensión de empleo público durante un año.
Los Hechos del Caso
Los acontecimientos se remontan al 15 de mayo de 2023, cuando Jonatan R.V. detuvo un vehículo en Nogueira de Ramuin debido a una rueda desinflada. Ocho días después, al redactar el acta de denuncia, el guardia civil aseguró que la conductora se había negado a identificarse y había utilizado la expresión “sodes tontos”. Además, el acusado falsificó el número de carné profesional y la firma de un compañero que no estaba presente en la intervención. Esto generó dudas sobre la veracidad de la denuncia, ya que la afirmación estaba en plural y solo había un agente en la escena.
La denuncia también contenía afirmaciones sobre la supuesta información proporcionada a la conductora respecto a la infracción cometida, lo cual nunca ocurrió. A pesar de esto, la actuación de Jonatan R.V. resultó en la apertura de un expediente sancionador que impuso a la conductora una multa de 200 euros, de la cual pagó la mitad durante el periodo voluntario.
La Sentencia y sus Implicaciones
La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de 4 años y 6 meses de prisión, así como una multa de 15 meses y la inhabilitación profesional por cuatro años. Sin embargo, tras considerar que los hechos se debieron a la falta de precaución del acusado, la solicitud fue reducida. Al tratarse de un caso de falsedad por imprudencia grave, la horquilla de penas se vio considerablemente disminuida, con el artículo 391 del Código Penal estableciendo multas de seis a doce meses y la suspensión de empleo público de seis meses a un año.
Finalmente, Jonatan R.V. fue condenado a una multa de 2.520 euros y a la suspensión de su empleo público durante un año. Además, se incluyó en la sentencia una indemnización de 100 euros a la conductora, correspondiente a la multa que esta había pagado previamente.