Lo que durante casi veinte años ha sido la pesadilla silenciosa de una veintena de familias de Celanova acaba de cristalizar en una reclamación patrimonial que destapa el que podría ser uno de los casos de presunto conflicto de interés más descarado que se recuerda. La exigencia de 588.585 euros (465.000 por las obras pendientes y 125.000 por daños y perjuicios) al Concello de Celanova por la urbanización fallida de Coutada-Guadix, que acaban de presentar los vecinos a través de su abogado, Antonio Feijóo Miranda, es una demanda por obras inacabadas, pero también el hilo del que tirar para entender una red que conectaría, según consta en el escrito presentado ante instancias municipales, a la promotora fantasma que originó el desastre, al arquitecto que lo diseñó y a funcionarios del Concello de Ourense.
El papel de Bienvenido Fernández
En el epicentro del conflicto aparece un nombre conocido: Bienvenido Fernández García, técnico de administración general de Urbanismo del Concello de Ourense -el mismo que avaló la polémica discoteca Desorden de Valle Inclán -.
La historia de este desastre comienza en Celanova entre 2007 y 2008. La promotora Residencial Ruanova debía desarrollar la urbanización Coutada-Guadix. La ley exigía al Concello de Celanova que, para autorizar la edificación simultánea a la urbanización, obligase a la promotora a presentar un aval bancario que garantizase la totalidad de las obras.
Irregularidades en la gestión
Sin embargo, el Concello celanovés, según explica el abogado de los vecinos, Feijóo Miranda, en lugar del aval, permitió a Ruanova constituir una “hipoteca basura” sobre ocho parcelas de la propia urbanización, sin que además conste una tasación previa del arquitecto municipal que estimase su valor real. Una garantía que no garantizaba nada, pues según la reclamación, esas parcelas “carecen de valor y de aprovechamiento” precisamente por no estar urbanizadas.
Así, Ruanova construyó 25 viviendas entre 2008 y 2012. Cuando llegó el momento de obtener las licencias de primera ocupación, se topó con un problema: la urbanización no estaba terminada. Pero el Concello de Celanova, en lugar de denegar las licencias -lo que habría bloqueado las ventas-, cayó en el silencio.
Este limbo administrativo fue la llave maestra para Ruanova, que alegando “silencio positivo” vendió las casas a las familias, conectó los servicios básicos de agua y luz, y procedió a su “descapitalización” y desaparición. Dejó atrás una obra ejecutada solo al 46% y a decenas de vecinos atrapados, pagando el IBI de unas viviendas que legalmente no podían vivir.
La inacción del Concello
Durante años, el Concello de Celanova, dicen los afectados, “no hizo nada”. O peor, como consta en la reclamación, llegó a contratar a un primer abogado en 2018 para ejecutar la hipoteca, al que le abonó 7.200 euros por un trabajo que jamás realizó, pues ni siquiera llegó a presentar la demanda alegando que el Concello no le facilitaba la documentación. La situación se gangrenó hasta que, con el actual gobierno del alcalde Antonio Puga, la presión obligó a mover ficha.
El Concello necesitaba un paraguas legal para afrontar el desastre, que un informe de 2020 ya cifraba en más de 362.500 euros a pagar de las arcas públicas. Fue entonces cuando decidió encargar, sin recabar presupuestos ni ofertas, según afirma el colectivo vecinal en su reclamación, un informe jurídico externo para determinar las responsabilidades. Un informe que, según el abogado de los vecinos, debiera haber emitido la Secretaría del Concello, “pero que quizás no estaba dispuesta a redactar en los términos deseados”, ironiza.
Y aquí es donde el caso de Celanova gira y se cruza el Concello de Ourense y el departamento de Urbanismo. El encargo del Concello celanovés recayó sobre un despacho llamado Estrado Abogados de la ciudad. Pero el informe resultante no lo firmó nadie de ese bufete. Los autores fueron dos nombres muy conocidos en el urbanismo ourensano, ambos funcionarios municipales: Alfonso Pavón Vidal, jefe de servicio de Licencias, y Bienvenido Fernández García, técnico de administración general del PERI.