Mes y medio después de obtener el respaldo del pleno para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que permitiría que Ourense cumpla con la Ley Estatal de Cambio Climático, el Concello ha iniciado los primeros pasos hacia la creación de este área de tráfico restringido mediante la aprobación de tres contratos por un total de 1,36 millones de euros.
Primeros pasos hacia la ZBE
En la jornada de ayer miércoles, 27 de agosto, la administración de Jácome llevó a cabo una junta extraordinaria de Gobierno en la que se resolvieron tres expedientes. El primero de ellos se destina a iniciar el trazado y la implantación de sistemas para medir la calidad del aire, con un presupuesto superior a 774.000 euros. El segundo contrato se orienta a la creación de una oficina de atención al ciudadano, cuyo costo será de 533.368 euros. Por último, se aprobó un tercer expediente para contratar a una entidad que organice una campaña informativa sobre la implantación, con un presupuesto de más de 55.000 euros.
En total, se destinarán 1,36 millones de euros, de los cuales el 54,32% provienen de fondos europeos. Esto implica que el calendario es un factor crítico para el gobierno municipal, que debe resolver el concurso y tener el área operativa lista para el próximo 26 de diciembre. De no cumplir con este plazo, se arriesga a perder más de 700.000 euros de financiación de la UE, un aspecto que ha sido objeto de críticas por parte de la oposición en diversas ocasiones.
Importancia de la financiación europea
La implementación de la Zona de Bajas Emisiones no solo representa un avance significativo en la lucha contra el cambio climático, sino que también es crucial para asegurar la continuidad de la financiación europea. La administración local se enfrenta al desafío de cumplir con los plazos establecidos, lo que requiere una gestión eficiente y coordinada de los recursos asignados.
La creación de la ZBE en Ourense es un paso hacia un futuro más sostenible, donde la calidad del aire y la salud pública se convierten en prioridades. La colaboración entre las instituciones y la ciudadanía será fundamental para el éxito de esta iniciativa, que busca no solo cumplir con la normativa vigente, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.